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La sucesión constitucional. Una mujer como presidenta del Perú

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Fecha Publicación: 08/12/2022 - 23:00
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Ante los acontecimientos políticos suscitados en los últimos dias, vale la pena relievar la decisión del Congreso de la República, cuyos miembros, subordinando sus intereses partidarios y personales, optaron por someterse a lo previsto por nuestra Carta Magna, dando lugar a la sucesión Constitucional para suplir la acefalía en el cargo presidencial, a través de la primera vicepresidenta Dina Boluarte.

El Perú experimenta la llegada a la Presidencia de la República de una mujer por primera vez y corresponde a la nueva mandataria demostrar que las mujeres estamos preparadas para asumir retos de tanta trascendencia en un escenario donde todavía impera la mentalidad patriarcal. Pero más alla de este antecedente es importante tomar conciencia sobre la necesidad de aprender de las experiencias similares acontecidas en el pasado inmediato, porque no es la primera vez que en el país se declara la vacancia al cargo presidencial. Si bien se trata de una potestad que la Constitución le otorga al Congreso de la Republica, es imperativo reconocer que en las anteriores experiencias nuestra sociedad política no asumió con la debida responsabilidad el desafío de contribuir al fortalecimiento democrático permitiendo que la inestabilidad se mantenga hasta el presente y la confrontación interpartidaria se agudice al calor del canibalismo político, escenario en el que la ética, la tolerancia, el respeto al pensamiento del otro y las convicciones democráticas quedaron al margen.

Por otro lado, vivimos una coyuntura muy compleja en el país, donde la intolerancia y ausencia de consensos en función del interés nacional nos causó mucho daño y no nos permite avanzar. El nuevo gobierno deberá ser un referente de acercamiento sincero entre peruanos, por encima de las diferencias ideológicas, motivo por el que saludo el pedido de la presidenta Dina Boluarte en su discurso ante el Congreso de la República, de establecer una tregua al injusto enfrentamiento, de generar espacios de diálogo y concertación, de aunar esfuerzos para luchar juntos contra el fenómeno de la corrupción.

La dura experiencia vivida estos últimos años, escenario en el cual nuestros actores políticos dieron muestras de inmadurez democrática, debe servirnos de aprendizaje para evitar repetir errores. Se trata de mirar hacia adelante y asumir el desafío histórico de aunar esfuerzos para promover el desarrollo pleno del país, haciendo prevalecer en todo momento el estado de derecho y la vigencia plena de la Constitución.

Si bien es importante consolidar la independencia de poderes como sinónimo de fortaleza institucional de cada uno de ellos, no es menos necesario impulsar la coordinación de los mismos en aras de consolidar objetivos nacionales. Están pendientes tareas ineludibles en diferentes ámbitos como los de educación, salud, transparencia en el manejo de la gestión pública, mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos, accesibilidad a la justicia, seguridad ciudadana, extinción de desigualdades, respeto a los derechos humanos, entre otros, tareas que no se cumplen a cabalidad, debido a la permanente confrontación interna. Esta nueva etapa es una oportunidad para construir juntos un Perú diferente, reafirmando convicciones, resguardando el interés nacional.

También vale la pena ponderar la reacción de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Estados Americanos, entidad que respaldó la decisión congresal de acudir a la sucesión constitucional, como testimonio de que, frente a la decisión irregular de cerrar el Congreso, se supo responder con procedimientos democráticos.

Finalmente, en circunstancias de sometimiento del expresidente Pedro Castillo a acciones penales, se debe evitar caer en la tentación de desconocer sus derechos y garantías constitucionales, los cuales corresponde hacerlos prevalecer en todas las etapas relacionadas al proceso penal. El respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna, es obligación ineludible de todo estado democrático.

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