La verdad es el único lado correcto

Hemos visto con estupor el montaje de una persecución judicial del Presidente y su familia, se le grabó conversaciones a su entorno antes que asumiera la Presidencia, lo que demuestra que varios que fungen hoy de colaboradores eficaces fueron sembrados como lobistas con el fin de hacer caer en su maraña de corruptelas a personas sin experiencia alguna en asuntos de Estado, ni en las tradicionales trampas de los opositores, y que sin formación ética cayeron redonditos en las ofertas de comisiones por obras de poca monta, comparadas con las de los gobiernos desde los años 90, que negociaron “comisiones” y sobrevaluaron obras de miles de millones de dólares, ante el silencio de sus opositores.

Ver el conflicto generado entre bandos que se imputan fraudes, cuando el lado más acusador es el que realmente hizo fraude sólo para pasar a segunda vuelta y luego para remontar el 15 % de desventaja de votos en la segunda, nos advierte que se ha perdido por completo la cordura moral en la vida política de la nación.

Ver que tanto un bando como el otro se cree el correcto y el injustamente avasallado por el otro, que es el enemigo por razón de sus ideas de izquierda o derecha, nos permite comprobar que este conflicto ideológico fue fabricado desde hace siglos para entretener a los pueblos en guerrillas políticas, mientras la élite mundial avanza en sus planes de dominación destructora.

Sobrecogedor el silencio de los políticos frente al rol de la OEA en Lima, imponiendo la Agenda 2030 de colonización de las naciones de América, y al injustificable sometimiento del gobierno peruano a ésta; porque el foco de atención es el fantasma del conflicto interno.

El forzamiento de las normas constitucionales para justificar una “denuncia” constitucional contra el Presidente, que se ha preocupado de no denominarse “acusación”, para no caer en infracción del artículo 117 de la Constitución, dejando en manos del Congreso determinar su procedencia, es sólo el aparejo de indicios probatorios para justificar una vacancia por incapacidad moral, conforme al artículo 113.2 de la Constitución, no procediendo la suspensión ni tampoco el procesamiento por delitos no comprendidos en el 117.

Invocar el Convenio contra la Corrupción contra el texto expreso de norma específica de la Constitución es improcedente.

Si hubieran tramitado debidamente legítimas acusaciones presentadas ante el Congreso por delitos de traición a la patria, genocidio y crímenes de lesa humanidad, que están plenamente probados, no estarían en esta encrucijada paralegal, claramente inconstitucional. Grave responsabilidad congresal.

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