Las anti-políticas judicial, penitenciaria y criminal

Es fácil advertir cuando nos encontramos ante el desarrollo de una política de Estado y cuando esta no existe, o, aún peor, se ejecuta una anti-política destinada a promover caos e involución social.
Cuando recordamos al “CNM de la ocopa”, el que preguntaba a los postulantes a jueces y fiscales si sabían la receta de esta comida, y comprobamos los nombramientos y ascensos que se produjeron en esa época en la calidad de la justicia, podemos advertir que no solo no existió una política destinada a captar a los mejores abogados y ascender a los mejores magistrados, sino todo lo contrario; esto es la anti-política judicial.
Del mismo modo, cuando vemos acciones dispersas en la teórica lucha contra la criminalidad, en que se sacrifica a policías en lugar de resolver el problema causal del crecimiento delincuencial, que está en manos del Poder Ejecutivo y no lo hace, vemos una anti-política criminal que se dirige a mantener el estado de zozobra, violencia, terror y muerte, impuesto por poderes extranjeros a un gobierno incapaz de ejercer la soberanía del Perú, por sometimiento injustificable a la agenda 2030 de la ONU.
La declaración del primer ministro: “¿Cómo van a encarcelar a los delincuentes si no hay espacio en las cárceles?” demuestra ausencia de política penitenciaria, porque hay miles de reclusos enfermos, ancianos o condenados por delitos que no son de alta peligrosidad y que han cumplido más de la mitad de su condena; otros ya la cumplieron y no tienen cómo pagar un abogado para que haga los trámites de excarcelación.
Tampoco existen programas de capacitación de los reclusos y de reinserción laboral a su salida, condenándolos al estigma de la delincuencia y a ser perseguidos por la policía, aun cuando no vuelven a delinquir.
Cuando algún técnico escribe políticas al respecto, los encargados de aplicarlas ni siquiera las leen, y menos saben cómo ejecutarlas. La mayoría de las veces, los responsables no son designados por su conocimiento y experiencia, sino por favores políticos.
Todo lo cual juega a favor de la mantención de los altos niveles de criminalidad y de que la sociedad peruana se pervierta en medio de la violencia, el caos y la muerte; la anti-política judicial, penitenciaria y criminal, promovida por la élite que está destruyendo el Perú en colusión con los últimos gobiernos.
La delincuencia aumentó geométricamente y se volvió más cruenta a partir de la migración de delincuentes, traídos para ejecutar este plan. En tanto no se los expulse, el gobierno de Boluarte seguirá simulando la lucha contra la criminalidad.

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