Las ONG, gobiernos en la sombra

La falta de transparencia de las ONG les ha permitido constituirse en una suerte de Estado paralelo. Su intromisión en la agenda política nacional y la presencia de sus miembros en altos cargos en las instituciones del país las convierten en un gobierno en la sombra que conspira contra la democracia peruana.
Ayer, en este mismo diario, el economista Luis García Miró escribió que embajadas como las de Estados Unidos y Canadá, “entre otras delegaciones diplomáticas acreditadas en Perú, conspiran a favor del multimillonario, opaco fondo que mueve ‘el negocio del poder’ inventado por las ONG, teledirigidas por gente inescrupulosa que representa a poderosos organismos transnacionales dedicados a gobernar, indirectamente, a países como el Perú, vía aquel arquetipo hipócrita —efervescentemente imperialista— de las ONG”. Y no se equivoca.
En los países en desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, ONG, llenan vacíos críticos en áreas como la salud, la educación y la defensa de los derechos humanos; pero cuando operan sin transparencia ni supervisión —como ocurre en Perú— son un riesgo para la seguridad nacional, la estabilidad y el desarrollo autónomo.
Somalia nos da un ejemplo de lo peligrosas que pueden ser las ONG. Durante la gran crisis humanitaria de la década del 2010, varias arribaron al país para brindar ayuda alimentaria y sanitaria. Las investigaciones realizadas posteriormente revelaron que buena parte de los fondos y suministros destinados a esas ONG terminaron en manos de grupos armados como Al-Shabaab, financiando indirectamente actividades terroristas. El escándalo sacó a luz cómo la falta de control y de transparencia puede convertir a las ONG en cómplices —a sabiendas o no— de dinámicas criminales y terroristas que exacerban los problemas lejos de resolverlos.
En nuestro país, las ONG no rinden cuentas, completas ni confiables, sobre sus actividades ni del origen del total de sus fondos. Las más de las veces se desvían de sus objetivos para promover agendas políticas ajenas o ideologías impulsadas por sus financistas internacionales. Sus agendas nunca reflejan las prioridades del Perú ni las necesidades de las comunidades locales y, más bien, suelen generar tensiones con los gobiernos nacionales. Lo suyo es debilitar la legitimidad de las instituciones democráticas.
Estamos frente a un importante debate global sobre la delgada línea que separa la cooperación internacional del atropello a la soberanía nacional. La defensa de ciertas embajadas a cuestionadas ONG, como ocurre en nuestro país, es intolerable. Ciertas delegaciones diplomáticas actúan como descarados escudos políticos para impedir la regulación sobre estas. ¿Por qué?
Urge que las ONG operen bajo marcos de transparencia que incluyan auditorías externas, registro obligatorio de sus fuentes de financiamiento y supervisión de sus actividades en todo el territorio nacional.
Las embajadas, al defender a las ONG, las convierten en instrumentos de presión política. Solo la transparencia y el respeto mutuo harán posible que impacten positivamente a favor del país. De otra manera, son solo “el negocio del poder”, como escribió García Miró. Y si así sigue el asunto, lo más saludable será prohibirlas y veremos de qué viven sus inútiles integrantes.

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