Lawfare en Perú: caso Pablo Sánchez & Gorriti/ Ministerio Público

En Perú se vive un escenario de precariedad alrededor del sistema de justicia. Hace pocos años se cambió el “Consejo Nacional de la Magistratura” por la denominada “Junta Nacional de Justicia”. Aquel cambio estuvo auspiciado por Martín Vizcarra, entonces Presidente, quien presionó y logró una gran influencia indebida en el Ministerio Público y en el Poder Judicial a través de la JNJ. Usó este poder para perseguir a sus rivales y encubrir a sus aliados: los brasileños de Odebrecht. Un protagonista principal de la fiscalía de esos años fue el exfiscal de la nación Pablo Sánchez, hoy aún uno de los fiscales supremos, quien comandaba las fuerzas al servicio del Ejecutivo, que incluía el llamado “Equipo Especial LavaJato”, dirigido por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela -que firmaron un acuerdo entreguista con la constructora del país de la samba-, pero también una suerte de Policía política llamada DIVIAC, a cargo de un siniestro coronel llamado Harvey Colchado.

Esta red fue perdiendo fuerza con una reconfiguración del Ministerio Público y el tribunal constitucional. La Autoridad de Control Interno del MP había suspendido a Rafael Vela y los aliados de Pablo Sánchez estaban a punto de perder un equipo especial de reciente creación : “corrupción en el poder” , dirigido por Marita Barreto. Es en ese momento que reaccionan con velocidad y agresividad. El equipo de Barreto la misma mañana de su destitución allanan de manera arbitraria las oficinas de la fiscal Benavides, involucrándola en una supuesta organización criminal. En pocos días en un proceso no normado por ley y contra la Constitución la fiscal Benavides es suspendida sin derecho a defensa, con una resolución ya redactada y en menos de 36 horas. La labor operativa policial estuvo a cargo de Harvey Colchado. Para generar escándalo mediático se allana y sindica al economista Hernán Garrido Lecca de ser el articulador de la elección del encargado de la Autoridad de Control Interno del MP y de la propia Benavides en la JNJ y en la Junta de Fiscales Supremos -controlada por Sánchez y una aliada de Vizcarra, Zoraida Avalos-, es decir se le atribuye a un exministro de un Gobierno que ha acabado hace 13 años de poder manipular dos colegiados diferentes. Un absurdo que ya fue negado por la JNJ. Un montaje destinado a que Pablo Sánchez recupere el control del Ministerio Público y que evite la caída de Barreto y de Vela, este último clave pues parece que pretenden que el acuerdo con Odebrecht no se haga público.

Además de Sánchez hay que mencionar a un sombrío personaje que emerge con influencia mayúscula: el periodista Gustavo Gorriti, que dirige “IDL reporteros”, determinante en la estrategia de Sánchez. Es el principal defensor de los fiscales Pérez y Vela por años, como ahora es principal difusor de los ataques destructivos a Patricia Benavides y supuestos aliados, es defensor de primera línea de la Junta Nacional de Justicia, así como de la capacidad de rehabilitación de Odebrecht. Antes fue acusado de querer grabar a un fiscal -Hamilton Castro- en la misma oficina de Pablo Sánchez y hoy se menciona que ejerce presión sobre el Fiscal de la Nación interino Villena. Detuvo un allanamiento a IDL con una llamada directa a Sánchez hace unos años.

Hasta el día de hoy, ni la JNJ inicia un proceso regular a Benavides ni el fiscal Villena le abre investigación. Insólito.

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