Menos lágrimas y más acción

Es frecuente escuchar a ministros de Estado quejarse amargamente por decisiones erráticas tomadas por el Poder Legislativo, que se plasman en leyes que son populistas y que, en buen romance, por más disfraz con que se oculten, en el fondo constituyen o por lo menos promueven el gasto público.

Se ha convertido en una malsana costumbre congresal, estar declarando de interés nacional la creación de tal o cual provincia o distrito, y lo hacen así, pues todo lo vinculado con la creación de circunscripciones está reservado al Poder Ejecutivo como iniciativa exclusiva y excluyente.

También es una mala práctica parlamentaria estar creando universidades, muchas veces innecesarias, pues las pretenden instalar en circunscripciones territoriales sin suficientes postulantes universitarios y, si logran estudiar y graduarse, no tendrán donde ejercer sus profesiones en las localidades en que domicilian, lo que los llevará a frustración y resentimiento.

Lamentablemente, desde el Congreso también se crean organismos públicos, lo que muchísimas veces en lugar de facilitar la tramitología pública, pues la complican y, los sufridos ciudadanos somos los que tenemos que soportar más y más trámites, por cierto muchos de ellos innecesarios o abusivamente excesivos.

Con impecable lógica, la Constitución en su artículo 79, determina que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo lo relacionado con el presupuesto del Parlamento. Esta sana disposición tiene su antecedente en la Constitución de 1979, gracias a la perseverancia de quien fuera en 1991 elegido como presidente de la Cámara de Diputados, don Roberto Ramírez del Villar. Pese a ello hay veces en que con maña se transgrede la norma al negociarse la aprobación del Presupuesto General de la República o al crearse reparticiones públicas.

Cuando el Congreso se torna populista aprobando disposiciones legales inconvenientes que generan o menores ingresos o mayores egresos, observamos las justificadas quejas de los ministros, algunos hasta el lloriqueo, pero olvidan que tuvieron la oportunidad de hacer saber su posición y defenderla en el Congreso, pero no lo hicieron.

En efecto el artículo 129 de nuestra Ley de Leyes preceptúa que el “Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas”.

La antes mencionada facultad ministerial es escasamente usada, aunque podría limitarse a una exposición o si se quiere entrar en el debate con los parlamentarios para que se conozca la posición del Poder Ejecutivo y se pueda, de ser el caso, impedir alguna malsana proposición o simplemente exponer una mejor alternativa.

La atribución ministerial mencionada es también aplicable en las sesiones de las comisiones dictaminadoras, aunque en muchas oportunidades se ha limitado a la exposición ministerial, pero sin debate.

Si hay parlamentarios que abusando de su no responsabilidad en las opiniones y posiciones que promueven, agravian a algún ministro de Estado, siempre quien preside la sesión puede poner correctivos, para lo cual el Reglamento del Congreso lo faculta.

Últimamente, hemos podido observar al Canciller de la República sustentar ante el pleno del Congreso la conveniencia y necesidad del viaje a la China de la presidenta de la República, atendiendo a la invitación oficial del presidente Xi Jinping. Sus argumentos fueron de tal solidez que el permiso se concedió.
Sería conveniente que, en lugar de gimotear, los ministros asistan al Congreso y defiendan con valor sus posiciones.

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