Minando al Perú
Extremistas de toda laya capitalizan las protestas contra la gran minería a vista y paciencia del gobierno, desnaturalizando las legítimas demandas socio-ambientales de las comunidades. Así acaba de ocurrir en el largo conflicto de Las Bambas, donde apareció como reciente vocero un islamista peruano del ‘Partido de Dios’ (Hezbollah), cuyo centro se encuentra en Abancay, región Apurímac. Varios de los jóvenes miembros de ese enclave musulmán son universitarios graduados en Irán, ni más ni menos. https://www.youtube.com/watch?v=X0oQrAM-sAA
Desde hace varias semanas decenas de comuneros bloquean el Corredor Minero del Sur, impidiendo la salida del cobre de Las Bambas hacia el puerto de Matarani, Arequipa. Esta historia, sin embargo, no empieza recién sino hace quince años y cinco personas han muerto en las protestas. En 2004 ni bien se abrió la convocatoria para el proyecto surgieron tensiones y protestas; en setiembre de 2015 los enfrentamientos dejaron el saldo de tres muertos, decenas de heridos y detenidos; en 2016 la violencia y los reclamos continuaron y han sido la constante hasta hoy. El proyecto ha pasado por tres manos: en noviembre de 2007 lo operaba la suiza Xstrata; en 2013 Glencore y desde 2014 un consorcio estatal de la comunista China. Paralelamente a estos cambios de propiedad el conflicto escaló azuzado por una modificación del estudio de impacto ambiental, sin consulta previa que unilateralmente decidió no construir un viaducto y sacar el mineral en camiones hacia el puerto de Matarani, Arequipa, afectando el territorio de cuatro comunidades con el tránsito, sin mediar pago por servidumbre de paso. Esto porque el día anterior a dejar la presidencia, Ollanta Humala cambió la categoría de la carretera de “tránsito comunal” a “nacional”.
Lo de Las Bambas no surge por la ausencia del Estado sino más bien por su inadecuada presencia, algo que el gran pensador Hernando de Soto llamaría “mala formalidad”. El exceso de concesiones mineras de por sí genera conflictividad en diversos rincones del país. De Soto sostiene que casi todo el Perú mineralizado está concesionado para exploración o explotación, pero solo 8% es trabajado.
Se entrega el subsuelo sin tomar en cuenta que en la superficie hay viviendas, fuentes de agua, pasturas y cultivos de comunidades que pueden ser desplazadas por los 'concesionarios' del subsuelo. Conflictos como el de Las Bambas acabarán cuando se reconozca el derecho de propiedad del subsuelo a los mismos dueños de la superficie. De otra manera correrá sangre y se abonará la candidatura de un extremista nacional-izquierdista.
