Mujeres sin derechos humanos
Vivimos una coyuntura en la que el Estado peruano, sus instituciones estatales y en general su sociedad política, se desenvuelven en un escenario de doble moral, puesto que mientras la Constitución peruana en su artículo segundo numeral 2, consagra el derecho a la igualdad, estableciendo que nadie debe ser discriminado por razones de sexo entre otras causas y simultáneamente ha suscrito y ratificado un conjunto de convenios internacionales que consagran los derechos de las mujeres, paralelamente en la realidad fáctica, ha permitido la consolidación de una cultura patriarcal, atentatoria de los derechos más elementales de las mujeres en diferentes escenarios, cuya consecuencia la advertimos a través de prácticas consuetudinarias que se materializan todos los días en diferentes ámbitos, tanto en el escenario público como en el privado.
Ese doble comportamiento desnuda la realidad de un país que, como Estado, pretende generar un perfil democrático y una imagen respetuosa de los derechos fundamentales ante la comunidad internacional, sin embargo, no aplica políticas públicas tendientes a reducir los índices de violencia doméstica, feminicidio, discriminación de género, acoso sexual, acoso político, tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y otros males que aún están vigentes con la agravante de la impunidad permitida de sus autores materiales.
En este escenario adverso, vale la pena relievar la emergencia de nuevos liderazgos que por su esencia resultan contestatarios a esta forma tan injusta de convivencia y no tiene por qué extrañarnos que dicho liderazgo esté integrado mayoritariamente por mujeres. Ellas, conscientes de la realidad que nos atinge, alcanzaron un protagonismo personal, venciendo los obstáculos y las limitaciones propias que te impone la estructura mental colectiva que aún rige en nuestro medio y que todavía pretende mantener al varón en situación superior, relegando a la mujer a la condición de ciudadana de segunda.
No obstante, este injusto orden de cosas, vale la pena relievar el liderazgo que vienen ejerciendo un grupo de mujeres rectoras de universidades peruanas que ejercen el cargo por mérito propio, elegidas bajo procedimientos democráticos, respaldadas por la voluntad soberana de su comunidad académica expresada en las urnas. Ellas, a diferencia de ex autoridades universitarias de sexo masculino, hacen ostentación de su dignidad y rebeldía natural, interpelando al Estado y autoridades públicas del rubro educativo, para denunciar públicamente las arbitrariedades que se vienen cometiendo contra las entidades de educación superior, que vulneran la autonomía universitaria, sometiendo al sistema educativo a intereses propios de orden económico-comercial y político.
La actuación de estas rectoras, cualitativamente distinta a la de sus antecesores varones, está generando incomodidad en las autoridades públicas y en la sociedad política acostumbrada a reservar el protagonismo público de manera casi exclusiva al sexo masculino. Por ello no tiene reparos en desplegar un conjunto de acciones de amedrentamiento, hostigamiento y violencia psicológica contra valientes mujeres que se atreven a defender y denunciar lo que otros callaron.
Una de las víctimas directas de este injusto hostigamiento es precisamente la actual rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, la Dra. Jerí Ramón, contra quien se ha desplegado una sañuda persecución política, incluso de orden legal al interponer en su contra varias acciones penales, solamente por defender los intereses de las universidades, en especial por desarrollar acciones en defensa de la autonomía universitaria. Sin embargo, no obstante este sistemático hostigamiento, el espíritu de lucha, vocación de servicio y defensa de principios altruistas de la referida líder se mantienen intactos.
Extraña que, frente a semejantes atropellos contra una mujer, entidades como el Ministerio de la Mujer o la propia Defensoría del Pueblo mantengan un silencio cómplice. Esa es la doble moral que estamos interpelando.
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