¡No a la Asamblea Constituyente de Castillo y Cerrón!
El Gobierno del Presidente Castillo está tratando -usando a todos sus operadores políticos y sociales para ello- de direccionar las protestas y el descontento social del Perú popular frente a la subida del costo de vida -que tiene explicación parcial en su incapacidad gigantesca- hacia un pedido supuestamente ciudadano y masivo de cambio de Constitución, basado en la convocatoria a Asamblea Constituyente.
Incluso el pasado 21 se convocó un “paro agrario popular” de respaldo a esta consigna y al cierre del Parlamento. El mismo fue un estruendoso fracaso que sólo reunió unas pocas decenas de personas y esto porque la consigna del Perú popular es la reducción del costo de vida y mayores oportunidades laborales. No es una expresión real la “Asamblea Constituyente”, es más bien artificial e impostada. En su afán de congraciarse con Castillo y Perú Libre muchas organizaciones agrarias, más cascarón que otra cosa, están evaporando la poca legitimidad que tenían al operar estos despropósitos.
Castillo, Cerrón y Torres dan a entender que todos los problemas de la patria se van a solucionar con la redacción colectiva de una nueva constitución. Principalmente hablan de ponerle límites a los monopolios y oligopolios, de controlar precios, de nacionalización energética, de un Estado empresario en áreas estratégicas, etc.
Nada más falsa y peligrosa que esta plataforma: la regulación de precios sólo desabastecería el mercado y tendríamos una crisis de oferta, los precios de los mercados paralelos seguirían subiendo. Ello llevaría más temprano que tarde a emisión inorgánica de moneda y ello a profundizar la ya existente y creciente inflación.
Un esquema energético nacionalista se ha probado con la falta de inversión en proyectos de exploración en Venezuela y Bolivia es un burdo eco del pasado. El abuso de posición de dominio de monopolios y oligopolios se combate fortaleciendo Indecopi, donde el régimen tiene a Palacín a cargo. El rol subsidiario del Estado debe permanecer, rearmar el viejo Estado velasquista, encargado de cientos de empresas públicas sólo nos llevaría a la corrupción y a la carestía.
La discusión en general de una nueva constitución y de un nuevo capítulo económico en particular sólo ahuyentaría aún más a la inversión y con ello nos dejarían en mayor vulnerabilidad para afrontar la crisis económica internacional que cada vez asoma más.
Es cierto también que la Constitución del 93 no está escrita en piedra ni es intangible como sectores de la derecha creen y afirman. Hay muchas cosas que pueden discutirse como el capítulo político que en su dibujo es precario -pensado para un proyecto autoritario- o los “contratos ley”, la necesidad de ir hacia la propiedad del subsuelo, de modificar el artículo 70 para facilitar la titulación popular, etc.
En conclusión un “reformismo constitucional”, basado en la reforma parcial y puntual del documento del 93 es lo más sensato. Ésta, pienso a modo personal que debiera ser la posición de la Democracia Social frente al cambio constitucional, aunque al interior del APRA hay un debate pendiente sobre el tema de la reforma o el retorno a la Constitución del 79. Eje sobre el que impulsaré foros y conferencias estos días. Casi nadie en la estrella apoya la idea de la autodestrucción que significaría una Constituyente castillista-cerronista.
