¡No más persecución política a militares y policías!

Los demócratas debemos celebrar la victoria política que representa la promulgación, por insistencia, de la Ley 32107, promovida por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto. Esta norma establece que “Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002”.
Sin embargo, jurídicamente, es importante destacar que esta ley esencialmente ratifica una realidad preexistente. Por el principio de legalidad, nunca debieron abrirse procesos ni establecerse cargos indebidos, ya que los delitos de lesa humanidad no están tipificados en el Derecho Penal peruano. En su lugar, el Código Penal contempla los delitos contra la humanidad (arts. 319 a 322), los cuales son completamente diferentes a los descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se refieren a actos que forman parte de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.
Más aún, como explica el jurista Carlos Dino Coria, “El Perú aprobó en 2003 la ‘Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad’ mediante la R. Leg. N° 27998. Con una reserva, limitó su eficacia a ‘los crímenes cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para el Perú’, es decir, a partir de 2003 en adelante”.

Ahora corresponde abordar política y jurisdiccionalmente el problema de fondo: la persecución política contra los policías y militares que nos liberaron del terrorismo entre 1980 y 2000, así como contra las fuerzas del orden que actúan reprimiendo a quienes subvierten el Estado de derecho mediante acciones violentas bajo el pretexto de la protesta social.
Es necesario combatir a los jueces y fiscales activistas de izquierda, en su mayoría entrenados por ONG como IDL, que persiguen a los efectivos militares y policiales basándose en el control de convencionalidad. Esto se refiere a la jurisprudencia aberrante y a las normativas y criterios jurisprudenciales del desnaturalizado sistema interamericano de derechos humanos.
Hoy, además de ser una cuestión de justicia, y dado que nunca debieron ser procedentes, a la luz de la nueva ley, corresponde cortar todos los procesos en curso (como el de El Frontón, que lleva más de 38 años) y absolver a quienes han sido víctimas de una persecución inmunda basada en la teoría marxista que considera a policías y militares como “enemigos de clase”. ¡Basta ya de abusos!

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