No son “patito feo”
Conforme se recordará, nuestra Constitución, para el nombramiento, remoción y ratificación de jueces y fiscales, creó un organismo denominado “Consejo Nacional de la Magistratura”, integrado por una persona elegida por la Corte Suprema, otra por la Junta de Fiscales Supremos, otra por los colegios de abogados, dos más por los demás colegios profesionales, uno adicional por los rectores de las universidades nacionales y un último por los de las universidades particulares.
Ante un sonadísimo escándalo en el Consejo Nacional de la Magistratura, que involucraba a varios de sus miembros, para remediarlo se fue al fácil recurso de echarlos a todos, tanto a los buenos como a los malos, expulsión que llegó increíblemente hasta los accesitarios que ni siquiera habían actuado. Lo que es peor aún, se cerró el CNM y se modificó la Constitución sustituyendo al Consejo mencionado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyos miembros, tanto titulares como suplentes, serían nombrados -previo concurso público- por una Comisión de altísimo nivel presidida por el Defensor del Pueblo e integrada, entre otros, por el presidente del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, fiscal de la Nación, y Contralor General de la República.
Como correctivo ante el escándalo, bastaba poner en la Ley Orgánica del CNM requisitos adicionales y filtros más rigurosos, como que los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público fuesen expresidentes de la Corte Suprema o Fiscales de la Nación en situación de retiro y sin problemas, ex decanos de los más antiguos colegios de abogados y de otras profesiones, así como ex rectores de las más reputadas universidades nacionales y particulares.
Lamentablemente no se fue por el camino adecuado, y se prefirió crear la JNJ, para cuyo efecto la Comisión correspondiente convocó a un inicial concurso, plagado de errores, quizás por la inexperiencia, y que derivó en su anulación y la convocatoria a un segundo concurso que ha sido llevado con solvencia y cuyos resultados son de conocimiento público.
Como infelizmente nada nos satisface, diversas personas y organismos no gubernamentales (ONGs), cuestionan el resultado del concurso, poniendo objeciones a algunos de los que lo ganaron, cuando si tuviesen objeciones debieron hacerlas valer en la etapa de las impugnaciones y no como se dice, “cuando la leche está derramada”.
Las objeciones que se hacen, además de tardías, son inconsistentes, pues se cuestiona que algunos han tenido cargos públicos de carácter político, entre ellos ministros de Estado y Parlamentarios, como si la participación previa en política los hiciera los “patito feos” del país. No señor, eso es una pésima e indebida generalización, pues si bien hay políticos deficientes y ajenos a todo lo que se llama ético, también hay de los eficientes, sacrificados, competentes y sobre todo éticamente responsables.
El haber tenido experiencia pública, política o no, no tiene por qué ser motivo de exclusión para participar en concursos públicos y ser elegidos para determinadas obligaciones dentro del Estado. No es demérito haberse fajado por el país, es un gran honor haber laborado en él, siempre que se hiciese con probidad y con alto nivel ético.
