No todos son chuecos

Gracias al escándalo Lava Jato iniciado en Brasil y con ramificaciones en varios países de nuestro continente, se ha puesto en evidencia algo que se sospechaba, es decir, que había empresas constructoras foráneas con subsidiarias y consorciadas en el Perú, que para obtener la buena pro en concursos y licitaciones de obras públicas, ofrecían “coimas” a funcionarios que tenían en sus manos la decisión sobre la contratación, o también empresas que eran extorsionadas en el sentido de que si es que no daban el ”diezmo”, que en algunos casos era una tímida expresión numérica de la realidad, no les adjudicarían la obra o la concesión, o no se les otorgaría los permisos, licencias o autorizaciones tramitadas.

En algunos otros países de la región, específicamente en México y otros Estados de Centroamérica y el Caribe, al cohecho lo denominan “la mordida”, en clara expresión de la realidad, te “comen” la billetera para que puedan otorgar algún beneficio, por más derecho que se tenga al mismo.

Gracias también al caso “Lava Jato”,   nuestros conciudadanos han reaccionado con indignación, pues no es lo mismo la sospecha que la evidencia, y peor todavía cuando hay pruebas, delaciones, testimoniales, anotaciones, e incluso depósitos que lo acreditan o signos tan evidentes en que no caben dudas.

Sin embargo, las investigaciones, denuncias, acusaciones, y procesamientos, deben realizarse con estricta aplicación del debido proceso y del derecho a la defensa, ambos preceptos constituyen no solamente Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Perú es signatario, sino también en nuestra Constitución y leyes aplicables.

La grita callejera y en los medios de expresión no debe incidir, para que se hagan las cosas apresuradas incurriendo hasta en festinación de trámites, pues ello en el fondo a quien perjudicará será a toda la ciudadanía, pues cuando se recurra a los organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que se hizo mal caerá y habrá que iniciar nuevos procesos.

Los ciudadanos tienen todo el derecho a indignarse, pero no tienen el de exigir a fiscales y magistrados tipificaciones absurdas en sus denuncias, en que casi todo lo quieren tratar como crimen organizado o como lavado de activos.  No, señores, hagan la tipificación que corresponda para después no lamentarse con la caída de los procesos, investiguen más y dentro de los plazos legales, pero hablen menos al público para no equivocarse más. Acuérdense que los magistrados hablan con sus sentencias y resoluciones, y que yo sepa, aún no son candidatos al Parlamento.

Pero también tenemos que liar con las falsas generalizaciones, en que se quiere involucrar a todos los que están en política en actos de corrupción y, peor en redes sociales, en que, escudándose muchas veces en el anonimato, se hacen acusaciones falaces.  Igual como hay “chuecos” de conducta, también hay funcionarios y políticos honorables, a los que con tales afectaciones se les ahuyenta del servicio público, pero también se desmotiva a gente honorable a ingresar al servicio de la patria.