ONU: cuando se pierden los objetivos
El 24 de octubre de 1945 se fundó la ONU en San Francisco, California, con los objetivos de: "mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los Estados".
Documentos más recientes difunden como expansión de los objetivos de la ONU: "proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática", que son las áreas de influencia empleadas en el diseño de la Agenda 2030 para ejercer dominio sobre las naciones, construyendo un gobierno mundial a base de políticas, informes y resoluciones que van convirtiendo en vinculantes, bajo coerción soterrada de sanciones económicas y políticas.
El 7 de septiembre de 2021, bajo el gobierno de Pedro Castillo, el canciller de la República, Óscar Maúrtua de Romaña y el coordinador residente de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, firmaron un nuevo pacto denominado "Marco de Cooperación de las Naciones para el Desarrollo Sostenible Perú 2022-2026" que: guía la planificación, la implementación, el monitoreo, el reporte y la evaluación del apoyo colectivo de las Agencias, Fondos y programas de la ONU para lograr la Agenda 2030 bajo el liderazgo del coordinador residente, como representante en el país del secretario general de las Naciones Unidas. (https://peru.un.org/es/143191)
Es decir, que quien dirige la ejecución de la Agenda 2030 sobre el gobierno peruano es el representante de la ONU en el Perú, con sometimiento inconstitucional de la soberanía nacional a este mecanismo de imposición de los dictados de la ONU.
Una agenda perversa, que salvo haberse perdido totalmente la capacidad moral para discernir entre el bien y el mal, es inconcebible que se haya convertido, con consentimiento arbitrario de los gobiernos, en el “plan nacional de involución del desarrollo de las naciones.”
La ONU perdió sus objetivos fundacionales y se ha convertido en un aparato de desgobierno mundial, que nadie ha elegido para esos fines, y que por un principio de Derecho Civil comparado, ha dejado de existir, por no poder cumplir los objetivos que la fundaron: “La asociación se disuelve de pleno derecho cuando no pueda funcionar según su estatuto.“ (Art. 94 C. Civil peruano).
Su mutación a gobierno mundial, carece de validez legal internacional, y sus informes que pretenden imponer al Perú reformas legales destructivas, deben presentarse como pruebas de una denuncia penal por genocidio y crímenes de lesa humanidad, y de los responsables peruanos, además, por delito de traición a la Patria.
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