Oro, plata y cobre

En las marchas realizadas en nuestra capital el pasado 5 de abril, motivadas en la inmovilización ciudadana decretada por el Gobierno del presidente Castillo, se pudo escuchar, reiterativamente, un estribillo que decía: ORO, PLATA, COBRE, Y EL PERÚ POBRE.

Nuestro querido país es el primer productor de oro de la región, así como el segundo de plata y cobre, pero además se encuentra en el ranking mundial de producción minera en lugar preponderante, de acuerdo con la información “Commodity Summaries” proporcionada por la reputada “U.S. Geological Survey”, y ello pese a que en la estadística mundial de los últimos años ha caído varios puestos.

La pregunta lógica que cualquiera se haría es ¿cuál es la razón que, teniendo dicha riqueza con grandiosas reservas probadas y probables de mineral, seguimos siendo un país con muchas necesidades e insatisfacciones?

La respuesta pura, clara y simple, es debido a que no extraemos y explotamos mayores recursos mineros, los que continúan bajo tierra y, cuando no se extraen, evidentemente su valor es teórico, solo referencial, pero no real. Sólo se convertirá en real cuando el mineral se extrae y se comercializa y por él nuestro país recibirá ingentes cantidades de divisas e importante percepción tributaria, con la cual el Estado puede efectuar sus obligaciones y atender las necesidades de salud, educación, infraestructura y demás importantes servicios en beneficio de su población.

Una vez más repetiremos que el Perú ha sido bendecido por la naturaleza, pues nos ha gratificado con la Cordillera de los Andes, inusitadamente con tres ramales que cruzan nuestro territorio de norte a sur, cordillera con incalculable riqueza minera.

Si tenemos toda dicha riqueza, ¿por qué no se explota? La respuesta también es sencilla y se llama “conflictividad social”, en que muchas comunidades circundantes a las explotaciones mineras, les generan uno y mil problemas, cierran vías de comunicación, impiden el paso de los transportes del mineral, hacen que se pierdan los fletes contratados con anticipación y, encima, les piden a las empresas mineras que les proporcionen todo tipo de ayudas en escuelas, postas médicas, hospitales, y vías de comunicación, entre otras cosas, con olvido de que ya pagan sus impuestos y que dentro de ellos está el canon minero que significa que parte del impuesto a la renta va a las localidades en que se encuentra los yacimientos y explotaciones mineras.

A tales pretensiones, adicionales a la tributación, les llaman “responsabilidad social”, a la que las empresas mineras no son esquivas, pero reclaman con razón que exista seguridad jurídica, que el Estado proteja sus instalaciones e impida toma de campamentos y carreteras entre diversas otras acciones dolosas que atentan contra la minería, así como contra la integridad de sus trabajadores, que incluso son originarios de las respectivas zonas.

Increíble pero cierto, es que funcionarios gubernamentales amenacen con cierre de minas y encima impiden que crezca la producción minera cuando los precios de nuestros minerales están espectaculares, diríamos que magníficos, por motivaciones exógenas que podrían no repetirse. Entonces, somos pobres porque impedimos ser ricos.

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