Otro acuerdo entreguista
El gobierno de Vizcarra se acerca a su fin y desde ahora se advierte que, probablemente, deberá afrontar un juicio histórico por la falta de eficacia, la corrupción y la mentira en el manejo de la pandemia del coronavirus, en un contexto de crímenes de lesa humanidad.
A eso puede sumársele dos procesos más, uno por el pago vendepatria de “indemnizaciones” a Odebrecht y asociados; y otro, por el entreguismo del territorio nacional al supeditar la soberanía nacional a los fueros internacionales mediante el llamado Acuerdo de Escazú.
Sobre esto el país se ha enterado con estupor que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, siguiendo instrucciones de Vizcarra, firmó en septiembre de 2018 un Tratado que, en términos prácticos, le quita soberanía al Perú sobre el 53% del territorio nacional.
El de Escazú es, en efecto, un Acuerdo Regional pretendidamente sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Pero detrás de las apariencias sus impulsores buscan que en el área amazónica no rija la soberanía del Estado-nación y que el uso, explotación y hasta la justicia pase a manos supranacionales.
Se trata de un paso enorme del globalismo político y social que impulsan la izquierda y la ONU, específicamente la Cepal, y un largo número de ONG auspiciadas por la intrigante Open Society de Soros.
Así se pretende hacer con la Amazonía lo mismo que los marxista han hecho con los derechos humanos: construir tribunales radicales opuestos a los Estados independientes.
Perder soberanía sobre más de la mitad de la patria implicaría, además, intentar una versión sofisticada del salto maoísta del campo a la ciudad, solo que llevando el beneficio para el narcoterrorismo que hoy opera en nuestra Amazonía, especialmente en el Vraem.
El Acuerdo, firmado por la ministra –quien debe renunciar de inmediato-, se encuentra en espera de aprobación del Congreso y ratificación del Presidente; quien si lo hace hasta el 26 de septiembre de 2020 permitirá que entre en vigencia.
En esta coyuntura no podemos permitir que el Congreso se equivoque. La propia Cancillería, los oficiales generales en retiro de las FF.AA. y los internacionalistas ya han advertido del peligro, de modo que debemos exigir que el Perú retire su firma antes que se consume un acto que Vizcarra debe entender como entreguista y por el cual tendría que ser duramente juzgado.
