Pandemias por decreto
La Ley 31091 cuyo proyecto fue presentado por Martín Vizcarra para hacer obligatoria la vacuna covid-19 y permitir el sometimiento de la población a un ensayo experimental genético en fase 3, no permitido por los tratados internacionales, contiene como norma legal el sometimiento del Perú a los dictados de la Organización Mundial de la Salud, para la determinación de pandemias.
El Congreso rechazó la obligatoriedad y la convirtió en voluntaria correctamente, pero aprobó el ensayo en fase 3, lo que es inconstitucional por transgredir la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos.
Otro problema es que sometió al Perú a la determinación de pandemias por la OMS, que en los últimos dos años ha demostrado ser instrumento político de imposición de protocolos y medidas dictatoriales que nada tienen que ver con la salud de la humanidad, sino con su sometimiento a un plan de dominación mundial.
Esto explica el anuncio de la tercera ola desde hace semanas por variantes virales que todavía no se conocían, como un hecho cierto, lo que a menos que seamos muy ingenuos, o estemos padeciendo ya control mental por medios digitales, no podemos creer, menos que sea consecuencia del magnífico adelanto científico de los expertos de dicho organismo, tan cuestionado por la comunidad científica, que denuncia que estos “anuncios premonitorios” sólo responden al cumplimiento de un plan genocida.
Pero en última conferencia de prensa los extrañamente diligentes ministro y viceministro de Salud, Hernando Cevallos y Gustavo Rosell, acaban de anunciar por decreto una nueva pandemia o tercera ola con la variante ómicron, amenazándonos con nuevas medidas, que ya conocemos por su inconstitucionalidad, ilegalidad, arbitrariedad e inconsecuencia con la razonabilidad sanitaria.
Pensar que los demás ministros no saben que están siendo arrastrados a la Corte Penal Internacional como coautores del delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad, por refrendar y ejecutar decretos supremos ilegales e inconstitucionales, que no tienen ninguna base médica ni científica, y que se han convertido en utileros del plan de colonización del Perú por el Nuevo Orden Mundial, sin darse cuenta, es iluso.
Advertimos que si los abogados ministros como Aníbal Torres y Avelino Guillén no tienen los reflejos jurídicos de plantear la derogatoria de los decretos genocidas y de eliminación de los derechos humanos que han firmado, los veremos muy pronto, muy a nuestro pesar, en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, con todo su gabinete.
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