Peligrosa publicidad estatal
El espinoso tema de la publicidad estatal ha sido puesto sobre el tapete por el candidato de Renovación Nacional (R), Rafael López Aliaga, quien afirma que en un gobierno suyo ni un sol de nuestros impuestos será destinado a los medios. No le falta razón pues las actividades del gobierno deberían ser parte de la agenda informativa y el dinero –cualquiera sea el monto– debe invertirse para resolver los problemas más acuciantes de este país empobrecido. De paso se protege a la democracia y a los propios medios, pues este tipo de publicidad puede convertirse en censura indirecta contra la libertad de prensa y fuente de corrupción pública, por el uso discriminatorio de fondos, asuntos condenados en la ‘Declaración de Chapultepec’.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que “la publicidad estatal debe ser distribuida con criterios técnicos, transparentes y equitativos, de acuerdo al alcance de las audiencias, geografía y características de cada medio”. Algo que no ocurre aquí; donde, además, el Estado mantiene en propiedad: un canal de televisión, una estación radial (ambas de alcance nacional) y el diario El Peruano, con sus respectivos portales de internet. Si algo requiere publicitar, espacios propios le sobran.
En 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la falta de marcos regulatorios adecuados permite que se produzcan abusos en la distribución de la pauta oficial”. Un asunto que viene ocurriendo en el Perú, donde aquellos medios oficiosos y serviles al gobierno son premiados. La publicidad estatal es usada como herramienta de control social y político. Basta una mirada para darse cuenta que entre los criterios de asignación figuran: ser parte de los intereses políticos del oficialismo, apoyar sus iniciativas por descabelladas que sean y que el medio elegido le sirva al gobierno de turno para manipular a la opinión pública. El uso político de la publicidad estatal es una de las mayores amenazas a la democracia pues supone un recorte a la libre expresión del pensamiento y la transmisión de la verdad.
Para evitar que tal publicidad sea el postre exclusivo de los amigos del régimen, se requeriría de toda una arquitectura de supervisión y control, lo cual demandaría aún más gastos superfluos. Ante esta maraña de intereses y manipulaciones, López Aliaga propone lo más lógico: cortar a cero la inversión publicitaria oficial como la única manera de asegurar la independencia y robustez mediática frente al poder político. Quizás así, y solo así, se logre sacar del muladar a nuestra gran prensa tradicional, tan prostituida, mendaz y perversa; y devolverle su esplendor. Un país de grandes diarios es el que no los subvenciona desde el Estado.
“Un buen periódico –decía el notable dramaturgo Arthur Miller– es una nación hablándose a sí misma”. Estoy segura que un medio así, no recibiría dineros de los gobiernos de turno.
