Perú: paraíso delincuencial
Perú es un país de oportunidades para los delincuentes. La democracia post-Kuczynski es de garantismo legalista para los malhechores, los terroristas y los extorsionadores. Vivimos en un paraíso delincuencial, donde se trata con guante blanco a los integrantes de la mafia constructora criolla vinculada al caso Lava Jato y se suscribe un “acuerdo con Odebrecht” lesivo para el país y muy beneficioso para los rateros de Brasil. Los que nos saquearon miles de millones de dólares, corrompieron a autoridades y empresarios deberían ser encarcelados, pero acá nada pasa. La misma buena suerte corren sus socios locales: salen del país y vuelven como cualquier buen ciudadano y sus bienes no son incautados.
Odebrecht ha cambiado de nombre en un vano intento por dejar atrás su oprobioso comportamiento, y componer un mecanismo que Marcelito Odebrecht creía infalible; es probable que en este mismo momento lo esté perfeccionando, porque los petulantes psicópatas corporativos no sienten culpa y menos vergüenza. Negocio redondo: vengan delincuentes internacionales, asóciense con podridos peruchos, cárguense la custodia y tranquilos, solo tendrán que soltar los nombres que el de turno requiere para entronizarse como decentísimo. ¿O no es así, señor Atala?
Los lame-suelas del régimen pretenden hacernos creer que en el Perú post-Kuczynski existe “separación de poderes”, pero la liberación de los hermanos Chávez Sotelo indica lo contrario. Recordemos el infructuoso “diálogo” del premier Salvador del Solar para destrabar Las Bambas y cómo el dirigente Gregorio Rojas lo condicionó a la libertad de esos hermanos, asesores legales de la comunidad de Fuera Bamba; ¡oh casualidad, los soltaron! Para el congresista Mauricio Mulder “es evidente” que el Gobierno tiene injerencia en el Poder Judicial y la liberación de los Chávez Sotelo, lo demuestra”.
El portal El Montonero advirtió en abril que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, emitió una resolución ministerial (0159-2019-JUS) aprobando un “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos. Toda “una intromisión abierta del Gobierno en disputas entre entidades privadas en la sociedad, que deberían resolverse de acuerdo a la Constitución y las leyes […] ¿Con qué autoridad Zeballos establece protocolos especiales para las asociaciones marxistas que defienden los derechos de imputados que deben responder ante la justicia?”
En nuestro país los decentes, los periodistas veraces, las autoridades contra terroristas y los políticos de oposición sufrirán, respectivamente: presunción de culpabilidad (nunca de inocencia), censura, persecución y campañas de demolición.
¿No empezó así la Venezuela Chavista?
