Perú, un país ‘canero’
En el Perú, la prisión preventiva se volvió compulsiva para fiscales mal llamados anticorrupción y jueces que solo piensan en que el procesado no fugue u obstruya las investigaciones, algo nada fácil. No interesa que no tenga antecedentes o que las pruebas presentadas por Fiscalía sean débiles. Total, mientras el individuo está en prisión, se acopian a la mala las pruebas que faltan. El juez solo quiere que no le caiga un tsunami mediático porque los implicados se fueron del país. La libertad del ser humano importa un pepino, o sea, nada.
En el caso ‘Chibolín’, Andrés Hurtado, resultó que el personaje que vivía entre oro y millones es un ‘sacha’ (falso) potentado. No tiene cabecera de cama de oro; no la encontraron. No todo lo que brilla es oro, reza el dicho. Si se aguza el ojo, tranquilamente el preciado metal puede ser barata purpurina. Y los pocos productos de marca encontrados, una manta Versace en concreto, probablemente sean piratería china, que, por cierto, es muy buena y barata.
El caso Chibolín es altamente político. Con seguridad, hay más tramitadores o ‘lobistas’ en nuestro sistema judicial que están libres y pasan inadvertidos. Andrés Hurtado no está encarcelado porque Ana Siucho dijo, sin probarlo, que su primo Javier Miu Lei, con ayuda de su hermano Roberto Siucho, le entregó a Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta $1 millón para recuperar 100 kilos de oro incautado. Después pasaron a 200 kilos y, en realidad, son 39 kilos. Pero el escándalo hizo lo suyo. Chibolín está preso por peligro de fuga. Iván Siucho, traficante de oro, fue detenido in fraganti por la Policía. Pero, según la todopoderosa jefaza de Eficoop, Marita Barreto, fue un secuestro. Afirmación falsa de la que no se retractó. Este oscuro personaje vinculado al delito es colaborador eficaz en el caso ‘Los waykis en la sombra’, donde está el hermano y el exabogado de la presidenta, Dina Boluarte.
Pero la bola de nieve crece. Resulta que Chibolín le regaló a la presidenta el traje amarillo que llevó en su investidura. ¡Plop! ¿Quién lo dice? Henry Shimabukuro, de dudosa reputación, involucrado en el caso del gobierno de Pedro Castillo, ‘Gabinete en la sombra’. Gran pedigrí. Está en libertad. Mientras tanto, Jorge Barata, corrupto de Odebrecht, clavó el puñal de la traición contra los desprestigiados fiscales Rafael Vela y José Pérez. Acusó a la Fiscalía de “presiones” para que “mienta” en el caso Gasoducto Sur; ya dijo que no declarará más: ‘fo, fo’. Marita Barreto, la zarina de Eficoop (donde está el caso Siucho, Chibolín y Peralta), le dio una pequeña ayuda a sus fiscales amigos y lanzó el ‘escandalete’ de Chibolín, un magnate ‘perucho’ bien arrabalero que ni casa tiene.
La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Hasta la Corte IDH, espantada con el caso peruano, lo afirma. La prisión preventiva va de la mano con el crimen organizado, figura de la que también se abusa. Fue modificada, pero la Fiscalía protesta. Mientras todo esto no se reforme, seguiremos de escándalo en escándalo. El pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda lleva cuatro semanas. Mucho enjuague. Pero el caso Chibolín es rendidor; las trapacerías de Barreto, Colchado, Vela y Pérez pasan inadvertidas. ¡Dios nos coja confesados!
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