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Plan de Seguridad Nacional

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Fecha Publicación: 08/11/2023 - 22:00
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Estructura un plan de seguridad ciudadana de espaldas a la seguridad nacional es imposible, y eso es lo que está haciendo este gobierno, que cumple peligrosamente todas las órdenes de los organismos internacionales que están dirigidas a destruir la nación peruana, desde su conciencia moral hasta su propia integridad y existencia.

El Pacto Migratorio fue elaborado para ejecutar un perverso plan de reemplazo poblacional, obligando a los gobiernos a aceptar sus increíbles cláusulas que convierten a los extranjeros en nacionales adoptados con privilegios que no tienen los peruanos.

En tal manera que en pocos años, los países pierdan su identidad cultural y la fuerza moral que esta conlleva para defender su Patria de la apropiación de su territorio y recursos por extranjeros.

El segundo objetivo de este siniestro pacto, es obligar a aceptar la migración de extranjeros delincuentes, bajo un engañoso argumento humanitario, haciéndolos intocables a pesar de sus crímenes, con el fin de generar violencia, terror, muerte, conflicto, caos social, y la necesidad desesperada de los nacionales de emigrar a otros países por la grave inseguridad.

Así se cierra el círculo del reemplazo poblacional por inmigración forzada con fines de dominación de las naciones.
Bastaría ejecutar el siguiente plan de seguridad nacional:

1. Desvincularse de la obligación de cumplir mandatos extranjeros que están en contra de los intereses nacionales.
2. Denunciar el Pacto Migratorio.
3. Expulsar del país a todos los extranjeros que cometan faltas o delitos.
4. Organizar un sistema de inteligencia para la detección de las redes de corrupción policial, fiscal y judicial, a fin de acabar con ellas.
5. Legalizar la pena de muerte para los que asesinan con gran crueldad.
6. Legalizar penas de inhabilitación perpetua y cárcel no menor de 20 años para los funcionarios, policías, fiscales y jueces que promueven la impunidad de los delincuentes.
7. Premiar públicamente a los funcionarios, policías, fiscales y jueces que cumplen con diligencia, rectitud y firmeza sus deberes funcionales.
8. Educar a la población sobre deberes y derechos ciudadanos.
9. Sancionar como grave delito el fomento cultural de la criminalidad por cualquier medio.
10. Sancionar como grave delito todo acto tendente a destruir los valores sociales reconocidos por la Constitución y tratados de Derechos Humanos, tipificando el delito de traición a la Patria cuando sea por responder a intereses extranjeros.

En tanto existan altos niveles de corrupción gubernamental, parlamentaria, policial, fiscal y judicial, ningún gobierno puede garantizar la seguridad nacional ni ciudadana de una nación. Acabar con la corrupción es cuestión previa.

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