Política Nacional de Transformación Digital 2030, ¿será posible aplicarla este 2024?

El Gobierno publicó la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (PNTD), documento que presenta la hoja de ruta para la digitalización del Estado peruano mediante el impulso de la economía digital, la aceleración de la transformación del Estado con servicios digitales sencillos, luchar contra la ciberdelincuencia, garantizar la conectividad en todo el Perú, entre otros aspectos claves.

Según Ximena Bravo, Gerente Comercial Sector Gobierno de CANVIA, uno de los objetivos de la PNTD es la capacidad que la ciudadanía pueda tener para desarrollarse a nivel integral en un entorno digital. Los retos del Gobierno para este 2024 están en mejorar la educación, implementar plataformas educativas en línea, acceso a materiales de estudio, sistemas de registro y seguimiento académico en línea. En el caso del sector salud, citas médicas en línea, expedientes médicos electrónicos, recetas digitales y acceso a información preventiva.

Otro de los grandes sectores que requiere una amplia mejora en los servicios es seguridad y justicia. Según el Índice Global del Crimen Organizado 2023 de la organización The Global Initiatiative Against Transnational Organized Crime, el Perú se encuentra en el puesto 32 de 193 países en criminalidad, donde destacan los delitos de robo, tráfico de personas y armas, narcotráfico, extorsión, entre otros. Es por esto, que la portavoz de CANVIA recomienda la implementación de monitoreo de la seguridad pública, identificación facial a través de machine learning, acceso a información judicial y denuncias y seguimiento de casos criminales en línea.
Es necesario que el Gobierno trabaje en convertir la brecha digital en una oportunidad digital para todos. Según un informe de FortiGuard Labs, Perú fue objetivo de más de 3,000 millones de ciberataques durante el primer semestre del 2023. Es necesario implementar mecanismos de ciberseguridad para la protección de datos personales, garantizando que los estándares de seguridad cibernética sean cumplidos y vigilados por un ente regulador del estado, contribuyendo a que los ciudadanos confíen en que su información esté protegida.

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