¿Por qué no se puede inscribir un partido político de verdad en Perú?
La política nacional ha sido cooptada por organizaciones criminales que van desde el narcotráfico hasta las que sirven al fin de tomar dominio del Perú para que organizaciones extranjeras depreden los recursos de la nación.
La manera en que las organizaciones criminales han constituido partidos políticos se funda en la legislación aprobada con el fin de cerrar el acceso a la participación política de la ciudadanía de bien, y convertir la política en instrumento de actuación gubernamental y legislativa a favor de sus fines ilícitos.
Controlar los poderes del Estado para operar delictivamente con garantía de impunidad, es el principal objetivo, y le siguen los de enriquecimiento ilícito, sometimiento de las autoridades a sus tentáculos de poder, y mantención del poder político como herramienta de logro de sus fines.
La cooptación de los organismos del sistema electoral es para esto medular, de ahí que se monten campañas de destrucción de la imagen de los funcionarios de estos organismos que no pueden controlar.
Un jefe de ONPE como Piero Corvetto, que se negó a aplicar el voto electrónico por falta de pruebas de seguridad, no resulta conveniente para los partidos acostumbrados a recurrir al fraude electoral, que se facilita por medios electrónicos.
Se silenció el fraude de los 20,000 votos marcados con la K, que se encontraron en Pomabamba, dos días antes de la votación de segunda vuelta del 2021, y de los que encontraron en dos colegios de Lima, el mismo día de esa elección, porque a dos policías se les ocurrió revisar los almuerzos que trajeron a los personeros de Fuerza Popular. No hubieran tenido que falsificar votos, si Corvetto se sometía al voto electrónico con máquinas, programa, y seguimiento, de las empresas de Soros.
Cerrado el plazo para inscribirse en estos partidos para postular a la Presidencia y Congreso el 2026, el panorama es incierto, porque aunque aparezcan rostros nuevos, que intentan ser los outsiders, sus antecedentes de vida ajenos al servicio social, revelan que vienen con intereses propios, pues la vocación de servicio no se imposta, se demuestra.
Aprobar leyes para que se registre un partido con 700,000 firmas, exigiendo se pague un sol por verificación de cada una de las firmas que reemplazan a las miles observadas, y que haya consigna de no dejar pasar más partidos, revela que la corrupción ha institucionalizado la política con aparente legalidad, lesionando los derechos ciudadanos y sometiendo a la nación al imperio de la delincuencia organizada políticamente.
La solución está en la gratuidad del registro de los partidos políticos, la firma de 5,000 militantes, y la tipificación penal como delitos electorales agravados, la conformación y uso de partidos con fines ilícitos.
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