Precisiones sobre el Ministerio Público y el indulto

La polémica está a la orden del día en torno a dos de los grandes temas que han marcado la semana pasada, frente a los cuales hay que mostrar coherencia y actitud auténticamente republicana y democrática. Pongo a disposición de los lectores de Diario Expreso y de mis compañeros de fe política breves puntos sobre estos dos espinosos asuntos para construir una posición equilibrada y racional:

Benavides y el Ministerio Público:

-Benavides ha sido suspendida en un proceso injusto y arbitrario en pocas horas por la JNJ. Correspondía o un proceso con mínimo 60 días en la JNJ -por acreditada falta disciplinaria- o una acusación constitucional en el Parlamento -por delito-. Nada de esto ni se ha demostrado ni se ha dado.

-Su suspensión pasa por un grave interés de grupos de presión y poder por defender a Marita Barreto del grupo especial de “corrupción en el poder” y evitar que actúe otro fiscal, diferente a Vela en los casos “Lava Jato” y sobre todo se dé a conocer el acuerdo con Odebrecht. El claro operador de estos intereses es el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien hoy asume la Fiscalía de la Nación unos momentos para entregársela inmediatamente al fiscal Villena.

-El actuar de los magistrados de la JNJ ha sido una vez más deplorable, sumado a la irregularidad de Inés Tello con su edad, al hecho de no darle información solicitada al Congreso y a las maniobras que hicieron en favor de la sancionada exfiscal suprema Zoraida Avalos configuran la necesidad de que el Parlamento los destituya. Espero que los parlamentarios no retrocedan ante las presiones y el ruido de algunos sectores de la “sociedad civil” y actúen en consecuencia.

-Las acusaciones a Benavides son graves, más aún cuando Villanueva -su ex asesor- ahora es colaborador eficaz; los canjes de votos por favores en el Parlamento son condenables de ser ciertos, más aún tratándose de investigaciones en el Ministerio Público. El hecho de acusar a Boluarte cuando la propia Benavides había pedido días antes 8 meses más para investigarla es una mala señal. Sin embargo, las acusaciones contra la hoy ex Fiscal de la Nación deberían verse en un proceso correcto y legal, cosa que no está sucediendo.

El indulto:

-Con la última resolución, suman ya 3 veces en las que el TC -con dos colegiados diferentes- se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del indulto. Por tanto es clara su legalidad y no cabe en el ordenamiento nacional forma de impugnación de este asunto.

-La CIDH no tiene la posibilidad de ordenar que se revise esta sentencia o de impedir que se ejecute. Puede recomendar o exhortar, pero en puridad de conceptos sus atribuciones no alcanzan a este caso. Más aún cuando el mismo juez San Martin ha esclarecido que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad.

-Fuimos críticos de la forma, a modo de canje y prebenda en la que Kuczynski otorgó ese indulto en 2017, a cambio de que Kenji y su grupo vote en contra de su vacancia; afirmamos que fue un acto poco ético que deshonraba la política, lo sigo creyendo, pero ni en ese año ni hoy afirmamos que fuese ilegal o inconstitucional.

-Pienso, en línea con lo que afirmaba Armando Villanueva, que la república no debe cometer con Fujimori el mismo error que con Leguía, es decir dejarlo morir en prisión. Sin duda en eso la democracia debe ser magnánima, incluso con los que intentaron destruirla.

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