Prueba de fuego

La administración Vizcarra tiene una nueva prueba de fuego. La “revelación” de una añeja denuncia contra el ex presidente del gobierno regional de Moquegua y hoy jefe de Estado, Martín Vizcarra, y contra su ex gerente regional y hoy brazo derecho del mandatario y titular de una cartera ministerial, Edmer Trujillo, obliga a un explicación clara y contundente no solo a la justicia sino, prioritariamente, a la ciudadanía.
Si el estandarte de Vizcarra ha sido la lucha contra la corrupción resulta obvio que una denuncia por más añeja que fuese, exige una respuesta oportuna que confirme la transparencia de la actuación de ambos personajes en el proceso de licitación, adjudicación y pagos al consorcio que construyó el ahora famoso Hospital de Moquegua, la mayor obra emblemática de Vizcarra cuando ejerció las riendas administrativas de su región.

De lo contrario, la ciudadanía juzgará sólo con lo que tanto los medios de comunicación como sus opositores políticos especulan y recrean con base en los indicios señalados por la Contraloría, retroalimentados por los fake news que circulan por redes sociales.

Incluso, ya se está construyendo en el imaginario colectivo que Vizcarra hizo lo mismo que algunos de los ídolos de barro que engendró la política peruana en las últimas décadas. Es decir, cayó en la tentación de la mafia, hizo todo lo posible por darle una obra pública millonaria, una vez adjudicada aceleró todos los plazos y encima “pitufeó” los pagos al consorcio “corruptor”. “Todo a cambio de unos cinco millones de soles”, asevera la historia versada en redes.

Y, claro, “todo encaja” dice la referida historia, pues, ¡oh! sorpresa, quien lideraba el consorcio “corruptor” fue ICCGSA, una de las empresas que forma parte del Club de la Construcción, cuyos principales “cabecillas” han confesado formalmente ante los fiscales anticorrupción pagos a agentes del Estado peruano, a cambio de la entrega de obras financiadas con recursos de todos los peruanos.

Esperemos que la administración Vizcarra enfrente esta prueba de fuego con la verdad, la transparencia de sus actos y por el respeto a la investidura presidencial. Continuar aplicando la política del avestruz, en medio de una feroz batalla contra los corruptos, sólo confirmaría que las acusaciones e historias que hoy son la “comidilla” de la mayoría de ciudadanos sean asumidas como verdad, lo cual constituiría una nueva eclosión de la frágil institucionalidad, aumentando la frustración popular y a votar con el hígado por cualquiera que se presente como salvador de nuestras miserias.

Por el bien de la lucha contra la corrupción, los ciudadanos necesitan una confesión sincera de la máxima autoridad del Estado.