Pruebas que justifican la destitución del Presidente
Destituir al Presidente por graves infracciones constitucionales está establecido en los artículos 113 inciso 5 y 117 de la Constitución, cuya aplicación es un deber del Congreso, que no está sujeto a la voluntad de sus miembros, sino que es de obligatorio cumplimiento.
La confrontación emprendida por Vizcarra contra el Congreso a fin de someterlo al plan de sujeción de los Poderes del Estado a la dictadura del Gobierno Mundial, lo ha llevado a impedir el funcionamiento constitucional del Congreso a través de varios actos inconstitucionales, que son pruebas para fundar su destitución:
1.- La convocatoria a un falso referéndum de reforma de la Constitución con fines de cooptación del Poder Judicial con leyes impuestas al Congreso, sin permitirle su rechazo o modificación bajo la amenaza de cerrarlo.
2.- La imposición legislativa al Congreso de la conformación de una Comisión para la Reforma Judicial, que ahora preside, vulnerando la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, e impidiendo al Congreso su rechazo o modificación bajo la amenaza de cerrarlo.
3.- La imposición legislativa al Congreso de la conformación de la Junta Nacional de Justicia, elegida por esa Comisión, con fines de montar un sistema de control político de jueces y fiscales, impidiendo al Congreso su rechazo o modificación bajo la amenaza de cerrarlo.
4.- La imposición al Congreso de reformas políticas constitucionales y legales, bajo una improcedente cuestión de confianza que vulnera las funciones y atribuciones del Poder Legislativo, impidiendo al Congreso su rechazo o modificación bajo la amenaza de cerrarlo.
5.- La imposición al Congreso de una reforma constitucional para quitarle la facultad de levantar la inmunidad parlamentaria y entregarla al Poder Judicial que ya controla, para amenazar congresistas de manera directa y sujetarlos a su dictadura servil al Gobierno Mundial.
6.- La emisión de decretos legislativos para someter al Perú al plan de sujeción política, económica, social y cultural del Gobierno Mundial, con malversación de millones de dólares del Tesoro Público.
7.- El uso defraudador de la prensa enarbolando una falsa lucha anticorrupción para desprestigiar a los Poderes del Estado a fin de intervenirlos, someterlos y controlarlos políticamente, para que no puedan cumplir su rol constitucional de impedir la colonización del Perú por un gobierno extranjero.
Pruebas que no solo justifican su destitución, sino que obligan al Congreso a destituirlo, bajo pena de complicidad con el autor.