¿Qué le pasa don Pedro?

Como se recordará, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad con partida de nacimiento en la Constitución de 1993, que es la que nos rige, tenía por función el nombramiento, ratificación y remoción de los fiscales de todas las instancias, al igual que de los jueces.
Debido a serios cuestionamientos en el desempeño de los integrantes del último colegiado de dicho Consejo Nacional de la Magistratura, se realizó una modificación parcial de la Constitución para crear la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que sustituyera al Consejo, aunque con las mismas facultades y atribuciones de aquel que la antecedió, pero con otra composición.
La primera Junta Nacional de Justicia termina pronto sus funciones de acuerdo con la ley, por lo que también, de acuerdo con la ley, corresponde que se designe a nuevos miembros de la misma, para lo cual el Defensor del Pueblo, cumpliendo con los mandatos legales, procedió a convocar a quienes tuviesen interés en postular para ser los reemplazantes del actual colegiado, habiéndose cumplido para ello con toda la normatividad vigente y en forma por demás transparente, demostrando la comisión que presidió el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez mayúscula eficiencia.
Pese a lo señalado, se han alzado voces críticas con las nuevas designaciones que se han hecho para la JNJ, invocando supuestas fallas en el concurso, pese a que el mismo ha gozado, por lo general, de la conformidad de todas o casi todas las instituciones públicas de nuestro Perú.
No contentos los críticos con su crítica, se han apersonado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formulando reclamo en una audiencia temática por la designación de los nuevos miembros de la JNJ que asumirán sus nuevos cargos en breve. Sin embargo, no han tenido el empacho de solicitar medida cautelar para que los nuevos integrantes de la citada Junta no puedan asumir sus funciones, lo que evidentemente sería un desatino, además de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le otorga la facultad de emitir resoluciones cautelares a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica, más no a la Comisión, que se ha atribuido indebidamente tal competencia por sí y ante sí, en modificación reglamentaria atentatoria contra la Convención antes aludida.
Lo más penoso del tema es que el arzobispo emérito de Huancayo, monseñor Pedro Castillo, que forma parte del Colegio Cardenalicio del Vaticano, nombrado por el Papa Francisco, ha concurrido a la Comisión Interamericana para expresar su queja, metiéndose donde nadie lo ha llamado y donde además no le corresponde, en una ensalada de ideas imposibles de ordenar.
Si bien, como ciudadano peruano, puede participar en las elecciones generales de la República, así como en las regionales y municipales, además de tener el derecho a emitir su opinión, por ser obispo y también llevar el capelo cardenalicio, debería tener el suficiente tino para no hacer comentarios mundanos que, además de erráticos, pueden llevar a confusión, dado su carácter de sacerdote-obispo-cardenal, ya que por ello puede influenciar a quienes abrazan la religión católica, apostólica y romana.
Don Pedro, un consejo hasta de un conejo: no se meta donde no le corresponde. Usted es pastor de almas, pero no un activista político. No es la primera vez que mete la pata, pero tropieza con la misma piedra. Su jerarquía sacerdotal, episcopal y cardenalicia le exige tener prudencia y mesura, lo que ruego tener presente.

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