¿Qué pasa en el Sur?

En alguna medida estamos viviendo una suerte de proceso de desafío al Estado similar a la violencia terrorista de los 80 en una versión resumida de un par de meses. Desde la aparición repentina en el interior, pasando por la represión a veces mal manejada de parte de las fuerzas del orden, por la destrucción de infraestructura pública, por el ataque a los que consideraban “amarillos”, antes campesinos, hoy comerciantes, por la reacción violenta de la propia población contra los perpetradores de actos terroristas, hasta la precipitación sobre Lima. Todo es preocupantemente similar. Incluso hoy es más peligroso pues la lectura sociológica de los radicales tiene mayores elementos prácticos de realidad que en los 80. Esto último se ve en su alianza fáctica con grupos de mineros ilegales e informales que proveen parte de los recursos para la movilización.

Pero, ¿qué explica concretamente el brote de violencia de estos días más allá de Boluarte misma? Son varios factores;
1) Fuerte narrativa identitaria: Castillo más allá del consenso de “mal presidente” fue vendido como “uno de nosotros”. Acechado -supuestamente- por Lima y su élite, sus empresarios y sus medios.
2) Factor geopolítico: Infiltración de cuadros, recursos, incluso armas desde los grupos bolivianos pro Morales hacia el sur. El oro, el litio y el tema narco son tentaciones fuertes para la cleptocracia del evismo boliviano.
3) Componente económico social, en mi entendimiento de las cosas el más potente y peligroso, ya que no se soluciona ni con la pacificación. Los sectores relacionados a sendas actividades ilegales sentían que con Pedro Castillo tenían concedida la impunidad. Fundamentalmente podríamos hablar de los mineros informales e ilegales y el narcotráfico. La caída de Castillo la han entendido como una amenaza al statu quo que el chotano les garantizaba y están intentando desestabilizar a Boluarte porque presumen que van a ser perseguidos. Recordemos que alrededor de la pequeña minería orbitan aproximadamente 500 mil familias.
4) El abandono de la agenda social de parte del Estado, sobre todo en el sur, a los pequeños campesinos, ganaderos y comerciantes. Sumado al tiempo económico y efectos de la pandemia.
Las soluciones de corto plazo sin duda pasarán por una estrategia que conjugue la inteligencia y control policial, el despliegue de las fuerzas armadas y un plan de emergencia social.

Podríamos plantear: Estado de Sitio, cierre de las fronteras, movilización masiva de tropas del ejército y operaciones especiales, blindados, helicópteros e infantería de Marina y Dircote. Todo con presencia de la fiscalía. Incluso diría que la presidenta debería viajar a Cusco o Arequipa y hacer operar allí el Comando General de las FF.AA. y PNP y ella despachar desde una de esas regiones. En pocos días o un par de semanas se controlaría la acción subversiva e iríamos al retorno a la normalidad.

A la par esto debe venir con el vector social de anuncios de medidas populares y necesarias como la reforma parcial de la Constitución en acuerdo con el Congreso, pero también crédito y bonos a los pequeños agricultores y comerciantes, construcción y refacción de hospitales y colegios públicos, etc.

Pero también planteando una solución para uno de los sectores con los que se puede realmente llegar a un acuerdo, los pequeños mineros. Como dice el analista Iván Arenas, la democracia debe ofrecerles a ellos un proyecto de modernidad y solución o sólo les quedará el camino que oferta el neo maoísmo radical. Formalización y ordenamiento en zonas viables a cambio de apoyo en maquinaria, crédito y capacitación.

Los neo terroristas y los radicales extranjeros no serán derrotados sin la mano firme de la democracia acompañada de una acción social y prédica pedagógica cuasi sacerdotal.