Reformulemos la normativa de seguridad interna
Encendidas discusiones se están dando, en todos los ámbitos, acerca de los DDHH de los detenidos a consecuencia del Plan Bukele en El Salvador. Unos a favor, unos en contra, pero, casi el 100% exige que, ipso facto, en el Perú, la inseguridad interna sea abordada, erradicándola antes que el insipiente crimen organizado extranjero evolucione en una mafia que penetre ponzoñoso, cual cáncer maligno, infestando con violencia, maldad y mayor corrupción, nuestro tejido social.
Ya antes advertí que, los malos venezolanos que inundan toda América, cual diáspora maligna, abandonaron su tierra por la desastrosa situación económica, pero también como parte del Plan Maduro para desestabilizar todo el continente, abriendo las cárceles, facilitándole una migración masiva que coadyuvará la instalación del socialismo del Siglo XXI del Foro de Sao Paolo y el Grupo de Puebla.
Un escenario social ideal socialista es desestabilizar las naciones, inundar sus calles con suciedad, desorden, prostitución, robos, asesinatos, sicariato, para lo cual, inicialmente se aseguran de instalar en el constructo social ideología progresista socialista, desestructurar y debilitar las FFAA y las FFPP. Así, los delincuentes, con el discurso de la ayuda humanitaria del propio Estado agredido, fácilmente se trasladan, instalan y apropian de las zonas periurbanas en todos los países, desplazando a las bandas locales.
Entonces ¿qué debe hacer el Estado? Primero, tengamos presente que, la seguridad interna Latinoamericana, no ha sido capaz de lidiar siquiera con las desestructuradas y menos violentas bandas criminales locales. Así las cosas, cual pesca de arrastre, algunos proponen, en base a un plan estratégico, se detenga en flagrancia y encarcele a “TODO” aquel que genere desorden social, delinca, cometa violencia, tome carreteras, incendie propiedad pública y privada, que ataque a la Policía y las FFAA.
Sin embargo, los ultras defensores de los DDHH, sostienen que debe primar el principio de la inocencia; que a nadie se le debe detener si previamente no se le prueba fehacientemente el delito; que debe seguirse el debido proceso hasta la última instancia jurisdiccional para considerar que alguien es culpable y encarcelarlo. Otros sostienen lo contrario; porque, toda persona de bien, con un grado medio de criterio cívico, jamás acompañaría, no estaría cerca, participaría o conformaría la horda violentista para incendiar, tomar aeropuertos o atacar a la policía. De no ser así, si el buen ciudadano considerase irrelevante que, en una marcha social coexistan delincuentes, terroristas con fervientes luchadores sociales… ¡PUES DESGRACIADAMENTE ESTARÍAMOS EN SERIOS PROBLEMAS!
Quijotes, todo ha cambiado en este mundo interconectado globalizado e hiperinformado; no hay marcha atrás. Siendo así, nuestra visión de futuro, nuestras estructuras mentales, necesariamente deben evolucionar. Nuestra legislación, gracias al trabajo denodado, paciente y estratégico, ha sido penetrada por la ideología socialista construida desde el Foro de Sao Paolo, convirtiéndose en el arma garantista y eficaz de los DDHH de los corruptos, delincuentes y terroristas.
Hermanos peruanos, es momento de replantear nuestra normativa, ya que todo el andamiaje legal ha sido edificado para favorecer a Los Innecesarios, En toda Latinoamérica, la persona que hace mal las cosas, que delinque, debe cargar con todo el peso de un sistema garantista de los DDHH de los que hacemos las cosas bien.
¡EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LOS DDHH DE LOS BUENOS CIUDADANOS NO EL DE LOS DELINCUENTES!
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