Responsabilidad del Presidente por decretos inconstitucionales

Grave problema que los ministros de Estado no estén informados del rigor constitucional de los decretos que firman, y más grave, que induzcan a error al Presidente, quien asume la principal responsabilidad política, civil y penal por suscribir un decreto supremo inconstitucional, especialmente cuando vulnera Derechos Humanos y destruye la vida, salud e integridad de la nación.

El Decreto Supremo 167-2021-PCM emitido por el Presidente Castillo y refrendado por el gabinete Vásquez en pleno, vulnera normas constitucionales, viola Derechos Humanos, transgrede Tratados Internacionales de cumplimiento obligatorio por mandato del artículo 55 de la Constitución, e incurre en el grave efecto de legalizar delitos de:

-ABUSO DE AUTORIDAD, por imposición de medidas políticas que declaran Estado de Emergencia y suspenden derechos constitucionales sin ninguna base científica ni razonabilidad médica, e impiden el ejercicio de los derechos civiles por no haber podido pagar multas arbitrarias como sanción ulterior a la pobreza;

-INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIÓN, por no cumplir con su deber de respetar el Orden Constitucional en toda su actuación gubernamental y preservar la integridad de la nación;

-DISCRIMINACIÓN por apartheid entre vacunados y no vacunados;

-COACCIÓN, por obligar ilegalmente a las personas a vacunarse, al exigir el certificado de doble vacunación para ejercer sus derechos civiles.

-EXACCIÓN ILEGAL por imposición de multas arbitrarias, por no aceptar someterse a medidas antisanitarias;

-VIOLACIÓN A LA LIBERTAD INDIVIDUAL por detenciones arbitrarias de los ciudadanos que no se someten a las medidas antisanitarias;

-DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA: FALSEDAD IDEOLÓGICA Y GENÉRICA, por estar plagado el decreto supremo de afirmaciones falsas que no tienen sustento científico ni médico y engañar a la población con que la inyección eugenésica es la solución a la “pandemia”.

Lo cual sólo es la base de la falsa legalidad requerida para continuar con la ejecución del plan genocida de reducción de la población mundial, que cuenta en el Perú con diligencieros eficaces como el ministro de Salud Hernando Cevallos y sus operadores del sector que reciben pagos por vacunado y demuestran interés inusual en captar víctimas de las “inyecciones letales”, quienes deberán ser juzgados conjuntamente con los ministros firmantes del Decreto: por delitos de GENOCIDIO Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

Señor Presidente, lo están involucrando en estos delitos, los vacunados están muriendo de muerte súbita, deje sin efecto este inconstitucional Decreto y devuelva al Perú la vida y la libertad.

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