Responsabilidad penal en la firma del tratado de pandemias

La organización criminal internacional responsable de la discapacidad permanente y muerte de millones de personas a consecuencia de las inoculaciones letales que les han impuesto a través de la OMS y los gobiernos sometidos a esta por corrupción, pretende lograr la firma del Tratado de Pandemias el 19 de mayo del 2025, y cuenta con la firma del representante del Perú, el que no firma si no autoriza el Ministro de Relaciones Exteriores y la presidenta de la República.
La responsabilidad penal de estos funcionarios consistirá en la colusión con organización extranjera para someter al Perú a los intereses de esta, lo que constituye delito de traición a la patria, art. 325 del Código Penal, con la comisión concurrente del delito de abuso de autoridad (art. 376 del C. Penal), delito de incumplimiento de deberes de función (art. 377 del C. Penal), delitos contra la fe pública en las modalidades de falsedad ideológica y falsedad genérica (arts. 428 y 438 del C. Penal), delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad (art. 319 del C. Penal). E incurrirán en las gravísimas infracciones constitucionales de los artículos 43 y 45 de la Constitución, al vulnerar la soberanía nacional, comprometer al Perú a destinar cuantiosos montos de dinero que la OMS determinará por plazo indeterminado, y avalar la imposición de un sistema internacional de legalización de la violación de los derechos humanos bajo pretextos sanitarios, con el fin de someter a la población peruana a un perverso sistema de control digital a través de los cuerpos humanos. (Ver Patente USA 2020060606 de Microsoft).
A lo que concurrirá la anunciada moneda digital, con que pretenden reemplazar el dinero físico, para que todos nos veamos obligados a someternos a la identificación digital, al carné digital de vacunación, si es que queremos acceder a nuestra “renta básica” mensual de 1,000 soles para sobrevivir en un mundo digitalizado por el mal.
Para esto ha aprobado el Reglamento Sanitario Internacional en mayo de 2024, sin que en el Perú se haya sometido al procedimiento establecido por el artículo 56 de la Constitución, que exige la aprobación del Congreso, ya que afecta la soberanía y defensa nacional, los derechos humanos, e impone obligaciones financieras del Estado; y que contiene normas antijurídicas, que le permitirían al gobierno obligar a los ciudadanos a inocularse falsas vacunas letales, encarcelarlos en caso se nieguen, bajo pretexto del bien común, y expropiar su patrimonio. Cumpliéndose el objetivo final de convertir a nuestro país en gobernación del Gobierno Mundial de la ONU, para que la élite globalista termine de apropiarse del Perú.
El plan de fomento del terrorismo urbano les está funcionando, la mayoría no se da cuenta de esta tragedia nacional de corrupción gubernamental.

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