Responsabilidad social judicial

Este mensaje tratará de ser un respetuoso tributo a las víctimas de la tragedia en un centro comercial en Trujillo.
Familias que han perdido a sus seres queridos y otras decenas de familias que han visto cómo sus cercanos sufrieron heridas, y ninguna tiene una explicación de por qué ha sucedido esto.
En los programas del fin de semana he visto una verdadera especie de prejuzgamientos, relacionados con la responsabilidad social empresarial, en los que no podemos caer de manera irresponsable, porque justamente las víctimas merecen que la situación se enfrente con máxima seriedad y no con pataletas periodísticas o con el típico oportunismo político.
Por eso, en lugar de Responsabilidad Social Empresarial, quiero hacer un llamado para que el Ministerio Público entienda que, desde ahora, debe hacer una demostración de Responsabilidad Social Judicial.
Esto significa que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y su equipo de fiscales dejen de hacer política y, de una vez, hagan lo que deben hacer: investigar y acusar, para que un juez procese a los responsables.
¡Pero ojo! No que salgan en televisión para anunciar, como siempre hacen, que se iniciará una investigación que sabemos puede ser eterna.
No, de ninguna manera.
Debe ser una investigación con dedicación absoluta, para que lo antes posible se aclare quiénes son los responsables.
Las familias afectadas y el país no están en condiciones de soportar que esta tragedia caiga en el cajón de causas pendientes. Tampoco pueden permitir que se genere la percepción de que se favorecen intereses políticos o particulares.
No pueden perder tiempo, y la mejor manera de enfrentar el tema es siguiendo las recomendaciones que enumeró el Dr. Carlos Caro en una carta abierta a la opinión pública:
Las autoridades municipales y Defensa Civil tienen deberes de prevención.
El deber de prevención también compete a la empresa administradora del centro comercial.
Determinar si hubo dolo o culpa de las autoridades y/o de los administradores, entendiendo que dolo significa haber actuado de mala fe y culpa es haber sido negligentes. En ambos casos, deben ser castigados con el máximo peso de la ley.
Tres pasos, solo tres pasos del Ministerio Público para que las familias afectadas sepan y sientan que no son invisibles, y para que se sienta y se sepa que los peruanos no somos ciudadanos de segunda categoría.
Sean quienes sean, tienen que asumir la responsabilidad.
Caen puentes, caen colegios, desaparecen carreteras, la prevención no existe y, ahora, cae el techo de un centro comercial. ¿Y qué? ¿No habrá responsables de nada?
Amigos, el crimen organizado mata, pero la corrupción y la negligencia también matan.
Señora fiscal de la Nación, haga su trabajo o haga sus maletas y váyase a su casa.

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