Reversión cuprífera
En el Congreso de la República se ha presentado un proyecto de ley, cuyo título resume su objetivo que es nada menos la “NACIONALIZACIÓN DEL COBRE”, con la creación de la Corporación Nacional del Cobre y la Empresa Nacional Las Bambas, para lo cual las empresas privadas cupríferas, en la práctica, pasan a la mencionada corporación, aunque sin fijarse la forma de restituir su valor a los propietarios y menos la compensación, por lo que más tiene visos de incautación o confiscación.
El capital de la corporación estaría constituido por el 24.5% de las comunidades donde se explota el cobre, representado por los recursos del subsuelo, que eran de la Nación, esto es de todos los peruanos, y que pasarán a ser de las correspondientes comunidades. El Estado participará con por lo menos el 51% del capital y el sector privado hasta no más del 24.5%, nada atractivo para los inversores.
Para ir al grano, el mencionado proyecto olvida que la Constitución solo autoriza al Estado a realizar actividad empresarial SUBSIDIARIAMENTE, esto es que mientras existan privados que puedan y estén dispuestos a realizar tal actividad, el Estado no se meterá en ella. Sin embargo, se pretende crear empresas públicas para la explotación del cobre, desplazando a la actividad privada.
No soy de quienes creen que el Estado no debe tener empresas pues es un mal gestor y pésimo administrador, ya que está demostrado que mucho dependerá de la conducción buena o mala de la empresa estatal, esto es del factor humano. Empero habría que agregar que a nuestro juicio el Estado no tiene por qué exponer los recursos públicos para aventuras empresariales, que pueden o no ser exitosas y que pueden o no ser un despilfarro de los recursos públicos que se originan en los impuestos que pagamos todos, pues hasta cuando se reciben créditos internacionales tendrán que honrarse con los dineros provenientes de la tributación.
Los propulsores de la medida deberían hacer memoria o informarse debidamente, que ya hemos tenido resultados perversos para el país, cuando el Estado ha asumido lo que los privados hacían razonablemente.
Para no ir muy lejos, en época del gobierno militar instaurado por el General Juan Velasco Alvarado se crearon infinidad de empresas públicas que en la realidad fueron un “barril sin fondos”. Rememoremos a Minero Perú, Electro Perú, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, EPCHAP, Indu Perú, EPSA, Sider Perú, Hierro Perú, Centromin y Pesca Perú, entre muchísimas otras. Incluso en la última de las nombradas, con sospechas de corrupción al haberse liberado de las garantías que habían sido otorgadas por terceros a las empresas pesqueras expropiadas.
El solo hecho de la presentación del proyecto de ley al que nos referimos, genera preocupación y desconfianza, no solo en las empresas cupríferas, sino también en las demás empresas mineras, pero no solo en ellas, sino en toda actividad privada, pues nadie tendrá garantía que lo que se pretende con las minas de cobre, mañana no se vaya a expandir a otras actividades.
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