Santiváñez debe irse

El Gobierno de Boluarte está en un dígito de aprobación. Es bastante impopular por su nulo sentido político de transformación social. Se nota una administración errática, frívola y excesivamente preocupada en sobrevivir a cualquier costo, aun si eso significa dejar el campo fértil para que cualquier populismo autoritario triunfe en las elecciones generales de 2026 por todo el descontento que se ha generado y una falta de liderazgo abrumadora. Ninguna decisión en materia de reactivación económica popular y menos en seguridad ciudadana. Una nula gestión de la educación y, sobre todo, de la salud pública. Ningún interés en esclarecer lo ocurrido con los fallecimientos en el sur; más allá de cualquier consideración, fueron 50 muertos, y para el Gobierno parece un asunto tabú. Una percepción de corrupción cada vez más fuerte —Oscorima— completa el panorama de una Boluarte que, además, ha decidido agredir sistemáticamente a la prensa y abrirse más y más frentes.
Pero, la verdad sea dicha, la incompetencia del Gobierno se ve complementada por la actitud del Parlamento, cuyos miembros no quieren tocar al Ejecutivo. Si tenemos pésimos ministros como Vásquez en el MINSA (cuota de APP) y Santiváñez en el MININTER es en parte porque el Congreso no los censura. Esta “sobrevivencia cruzada” entre Ejecutivo y Parlamento hace que el Congreso también se encuentre en menos de dos dígitos de aprobación. Aquí, la responsabilidad de Acuña y Keiko Fujimori es bastante evidente; ambos sostienen la mediocridad de Boluarte. Y si a esto le sumamos las leyes polémicas y sin estudio previo que intentan sacar de cuando en cuando, la figura se vuelve bastante oscura.
Hoy la sociedad se encuentra marcada por la emergencia —los paros significan eso en parte, así haya radicales en el proceso buscando provecho político o planteando tonterías como parar el APEC—, lo que representa la seguridad ciudadana. Santiváñez no es el único responsable, sino la misma presidenta Boluarte y el Congreso, y antes de todos ellos los anteriores ministros del Interior de Castillo, pero aún antes los ataques a la policía que significaron la baja de numerosos generales PNP con los gobiernos de Humala y Sagasti, seguramente para promover a sus allegados. La moral de la policía se ha ido debilitando sistemáticamente y nadie los defiende. Parece que a la clase política del Parlamento se le ha olvidado que ellos son el pueblo uniformado.
La receta que hay que seguir en seguridad está relativamente clara para muchos, menos para el Gobierno: refundación de la policía, grupo especial de inteligencia policial, tecnología y equipamiento, más policías en las calles, megapenales, reforma del sistema de justicia para que sus operadores no sean aliados de la criminalidad. Potenciar el serenazgo con armas no letales más contundentes, cámaras de videovigilancia en los 1000 puntos con mayor incidencia del delito, integrar los sistemas privados (cámaras y personal) a una estrategia nacional. Sin embargo, hay que decir que, en el supuesto negado de que Boluarte quiera aplicar estas buenas ideas, no tendrían credibilidad ni para arrancar si sigue en el puesto Santiváñez, quien se complica más aún con los paros y movilizaciones que claman por su salida.
El país exige un gesto político del Estado, y creo que este no puede ser otro que la salida del ministro del Interior. Si no lo hace el Ejecutivo, el Parlamento debería censurarlo. Santiváñez debe irse. Adrianzén también hace rato que está con oxígeno prestado, pero ya sería un avance que se renueven las carteras de Interior y Salud.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.