Satterthwaite, compra una brújula

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre la independencia de los magistrados y abogados, debería guiar su lengua con brújula. Con una ligereza ha calificado de “atentado a la independencia del Poder Judicial”, el predictamen aprobado en la Comisión de Constitución para disolver a la Junta Nacional de Justicia, JNJ. Se trata de un alma confundida por la información sesgada que recibe de asociaciones zurdas y agrupaciones de operadores políticos que dicen defender los derechos humanos y otras invenciones biensonantes. Y, así, sin saber ni entender nada dice que eliminar la JNJ: “Afecta a todo el sistema de justicia del país”.
Satterthwaite se lanza, sin argumentos, contra la iniciativa de la ex Fiscal de la Nación y hoy congresista Gladys Echaíz, una profesional de trayectoria intachable y que conoce el sistema de justicia de nuestro país, cosa que ignora la cincuentona progre de la ONU que se pronunció contra la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazó de la JNJ.
La extraviada mujer publicó en su cuenta oficial de X (antes twitter) que es un “atentado a la independencia del Poder Judicial” y una “reforma que amenaza la independencia de jueces y fiscales, esencial para la administración de justicia en un Estado democrático”. Habría que informarle a la gringa, que la JNJ fue creación de Martín Vizcarra, quien según determinó el Tribunal Constitucional perpetró un golpe de Estado. Así, la funcionaria de la ONU defiende una institución que fue servil y funcional al breve dictadorzuelo y que lo ha venido protegiendo con descaro. La relatora de ONU se escandaliza porque: “La reforma también permite al Senado destituir a los titulares de la Autoridad Nacional de Control de la Magistratura, del Ministerio Público y de los órganos electorales, amenazando aún más la independencia judicial y la separación de poderes”. Cuando en realidad viene ocurriendo todo lo contrario, la JNJ se arroga facultades, interfiere y atenta contra la labor legislativa y desde su creación, tras el golpe de Vizcarra, pretende ser un Poder del Estado con mayor jerarquía que el Legislativo.
Se requieren 87 votos en el pleno para que esta reforma constitucional sea aprobada y termine con el inútil ente que inventó el golpista Vizcarra para evitarse procesos que, sin duda, lo tendrían ya en prisión.
La mafia roji-caviar se rasga las vestiduras pues pese a su orquestada campaña de demolición congresal, para lograr la desaprobación de ese poder del Estado, éste deshará el último bastión de poder de esos enemigos de la patria agazapados en sus oenegés. Se desmayan porque el Congreso seleccionará a los funcionarios de ONPE y Reniec lo que implica la politización del sistema electoral, según su afiebrada desesperación. ¿Cuándo en la vida los representantes de los entes electorales la población los hubiese elegido en las urnas. ¿Le habrán hecho creer eso a la gringa? No debería llamarnos la atención.

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