Se nos pudrió el Perú
Una reciente carta aboga por el término de la prisión domiciliaria del confeso expresidente Kuczynski. Una pequeña muestra de la tolerancia del peruano con la corrupción. Nadie niega la abominación de que por tres años no haya sido procesado, pero los firmantes no piden apurar un juicio justo sino su liberación.
La diferencia entre las democracias y las economías que avanzan y crecen a paso firme se encuentra en el nivel de tolerancia social con la corrupción. Los peruanos de todas las clases sociales tienen un alto nivel de tolerancia con ésta. Así lo reveló en 2015 una encuesta elaborada por Ipsos-Perú para Proética. Los resultados fueron desalentadores: 72% de la población tiene tolerancia media con tal flagelo y 6% tolerancia alta. Es decir, 78% acepta convivir con la corruptela. Y todo indica que las cosas siguen igual.
Martín Vizcarra tiene vinculaciones con Odebrecht y el caso Lava Jato, perpetró irregularidades durante su gestión, incluyendo malos manejos económicos, obstrucción la investigación fiscal sobre el caso Richard Swing y el llamado vacuna-gate, en el que recibió vacuna contra la covid-19, a espaldas de la población y extendió el privilegio a sus amistades y serviles. Fue vacado por incapacidad moral y miles de jóvenes marcharon por las calles defendiéndole y acusando de ‘golpista’ al decentísimo acciopopulista Manuel Merino de Lama, pese a que su breve presidencia fue constitucional. El endeudamiento y la compra de vacunas durante la gestión del coleccionista de autógrafos de terroristas, Francisco Sagasti, ni siquiera se investiga.
Verónika Mendoza, exsecretaria de Nadine Heredia (bajo arresto domiciliario) y cuya letra figura en las ‘agendas’ que revelan las cuchipandas del régimen humalista, da lecciones de ‘democracia’ y su gente cogobierna con Pedro Castillo; lo mismo que el entorno más cercano de la confesa Susana Villarán: Gustavo Guerra García (ahora viceministro de Economía) y Eduardo Zegarra (ministro en la sombra, en Agricultura).
Pesan serias sospechas de que la campaña de Pedro Castillo fue financiada por los narcoterroristas Quispe Palomino, del Vraem. Freddy Villarroel, alias comandante Sacha, y su abogada la doctora Yeni Vilcatoma tienen las pruebas, pero Fiscalía obstaculizó la presentación de estas y cerró el caso. Es bastante probable que Castillo sea un corrupto, especialmente tras conocerse lo de los dólares en el wáter de su secretario Pacheco y, más recientemente, su aparente intermediación en la compra de millones de dólares de biodiésel por Petroperú. ¿Y a quién se le abre proceso preliminar? A la fiscal Norah Córdova que lo investiga.
Allí donde la corrupción y la impunidad campean la miseria material impera y la democracia se desmorona o es inexistente, convirtiendo a los países en inviables.
Perú ya está podrido, el pus salta aunque no se ponga el dedo. De aquí a convertirnos en un estado fallido hay menos de un paso.
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