Si no cae Castillo, revuelta popular

Las baterías democráticas deben disparar con todo contra un solo objetivo: la vacancia presidencial, porque ya no queda alternativa: o se saca a Castillo de la presidencia o el país entra en un proceso de degradación y violencia jamás visto.

Los esfuerzos de concertación con el Gobierno se han agotado. Se le dio el voto de investidura a un Gabinete ministerial impresentable, se recibió pacíficamente al Presidente en el Congreso, se le perdonó la vida al ministro de Salud postergando su censura hasta dentro de un mes y en la calles hemos controlado los desbordes de violencia que algunos colectivos reclamaban como urgentes.

La respuesta a estos gestos de buena fe ha sido, en cambio, la confrontación abierta. Castillo tuvo la flema de repetir plagiado ante el Parlamento el mensaje intonso y ríspido de su premier, concluyendo en que según él ya ha levantado todas las imputaciones que sustentan el pedido de vacancia y adelantando, simbólicamente, que no concurrirá el 28 para hacer frente a sus responsabilidades porque el 26 convocará a un Acuerdo Nacional, que no representa a nadie y carece de efectos vinculantes.

Aníbal Torres ha vuelto a la incontinencia verbal advirtiendo que podría optarse por un inconstitucional adelanto de elecciones. Y el G2 cubano ha usado como muñecos ventrílocuos a Cerrón, Puka Bellido y Bermejo para insultar a la oposición y lanzar amenazas de violencia y guerra civil si se insiste en la violencia. Peor todavía, los sicarios comunistas han obligado a que una segunda periodista de investigación, Claudia Toro, tenga que marcharse al exilio para cuidar de su vida, siguiendo los pasos de Beto Ortiz.

Mientras tanto la fiscalía ha abierto proceso contra columnistas independientes, señaladamente del diario Expreso, entre ellos el ex canciller Gonzales Posada y el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, haciendo evidente que cada día se politiza más la justicia y que en el Perú la libertad de prensa está a punto de colapsar.

Por lo demás sigue a paso firme la destrucción del Estado: al desastre en Petroperú, la altísima rotación ministerial, la juramentación del ministro de Justicia sin publicación en El Peruano y la toma política de los servicios de inteligencia policiales, se suma el desmanejo de la inflación, la violencia antiminera, la carestía del costo de vida y el inminente desabastecimiento de combustible. A este paso el país va a entrar en un periodo explosivo, por eso o se saca constitucionalmente a Castillo, o comienza una vasta revuelta popular.

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