Signos del desquiciamiento gubernamental

En el planeamiento gubernamental, la visión de país debe ser coherente con las políticas establecidas en los planes y, aún más, con las decisiones políticas que se adoptan. Esta coherencia garantiza una actuación gubernamental sólida. En ausencia de dicha coherencia, nos encontramos ante lo que podría definirse como un desquiciamiento gubernamental.
Desde el gobierno actual hasta los anteriores, comenzando por el de Fujimori en los años 90, existe una creciente tendencia a someter al Perú al dictado de organismos internacionales, principalmente aquellos que ejecutan la Agenda 2030 de la ONU. Este sometimiento abarca prácticamente todos los ámbitos del país: economía, educación, trabajo, cultura, ciencia y tecnología, urbanismo, minería, agricultura, producción, comercio y, de manera destacada, salud. A través de estos organismos especializados, se busca convertir a las naciones en meras gobernaciones de un gobierno mundial.
La existencia de una Comisión del Congreso encargada de implementar los compromisos del Perú con la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, también conocido como Club de París), revela el montaje de un sistema gubernamental enfocado en la capitulación legal del Perú ante los poderes económicos extranjeros que promueven esta agenda globalista.
Se pueden identificar varios signos del desquiciamiento gubernamental en este contexto:
El cumplimiento diligente de las políticas y programas destructivos de la Agenda 2030 de la ONU.
El engaño a la ciudadanía, desinformada intencionalmente, bajo la falsa premisa de que estas acciones se realizan por el bien común.
El ocultamiento de casos de discapacitados, enfermos graves y fallecidos, consecuencia de la vacunación forzada con sustancias que, según algunas posturas, no serían vacunas sino armas biológicas dentro de un plan de control poblacional y digital.
La implementación de políticas que subvierten lo correcto y positivo, impulsando agendas anti educativas, anti sanitarias, anti economía nacional, anti laborales, anti alimentarias, anti agrícolas y anti democráticas, junto con la supresión de derechos humanos.
La arbitraria reforma constitucional y la aprobación de leyes que violan el orden constitucional, con el fin de imponer la Agenda 2030 y someter al Perú al gobierno mundial de la ONU.
Resulta particularmente incoherente que, mientras se pretende desmarcar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno siga adherido estrictamente a los dictados de otros organismos internacionales, que les permiten avanzar en la consolidación de una dictadura que, según las críticas, viola derechos humanos, asesina y encarcela opositores, al servicio del llamado imperio globalista.
Estos son signos graves de una incapacidad moral para gobernar el Perú, consecuencia de un desquiciamiento de la conciencia.

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