¿Simple demora o arrugaron?

En el Congreso de la República, varios de sus integrantes han expresado preocupación por lo que podría considerarse acciones negativas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) contra el Perú, a lo que se puede agregar un sesgo contrario a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, demostrado desde hace muchos años tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son parte del Sistema, el cual a su vez, pese a su autonomía funcional, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ante la situación expuesta, varios parlamentarios, aunque especialmente Jorge Montoya, quien conoce de la temática terrorista y las acciones militares y policiales para combatirla pues fue Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentaron varios proyectos de ley para buscar que el Perú se aparte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los proyectos de ley a los que nos referimos fueron enviados a dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso, en ese entonces presidida por Martha Moyano, la que tenía que escoger entre no hacer nada y permitir que todo continúe bajo los excesos del Sistema antes mencionado contra el Perú, retirarnos del Sistema o buscar un punto intermedio, como pudiese ser que el Gobierno Nacional convoque a una comisión de expertos para que evalúen y diagnostiquen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para hacer las propuestas modificatorias de su normativa y que el Estado Peruano las presente a la OEA, a quien le corresponde aprobarlas en todo o en parte, como también desecharlas. El retiro del SIDH no lo podría hacer directamente el Congreso, pues la denuncia de los tratados internacionales es competencia del Poder Ejecutivo y no del Legislativo, por lo que la posibilidad del retiro era solamente autorización legislativa para que lo pudiese hacer la presidenta de la República.
Con buen criterio, la Comisión de Constitución optó por la posición intermedia y así lo dispuso el Pleno Congresal al aprobar en primera votación el 15 de diciembre de 2023 el texto propuesto por tal Comisión, lo que se ratificó en segunda votación por la Comisión Permanente el 18 de enero de 2024.
El Poder Ejecutivo, al recibir la autógrafa de la ley para su promulgación y publicación, podía optar por ello o por observarla dentro de los 15 días útiles de recibida para que el Congreso nuevamente la debata o, por último, no hacer nada y, pasado el plazo, la promulgue directamente el Parlamento.
Contra todo pronóstico, el Ejecutivo optó por observar la autógrafa, que nuevamente fue remitida a la Comisión de Constitución del Congreso, la cual el 12 de marzo último desestimó las observaciones del Ejecutivo, que realmente carecían de sustento, y solicitó que el Pleno del Congreso insista con la aprobación de la ley, para lo cual se requerirá del voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso (66 congresistas, art. 79 del Reglamento del Congreso).
Ha pasado más de medio año y, pese a estar en agenda por el Pleno del Congreso la votación de la insistencia con el texto inicialmente aprobado, hasta ahora no se prioriza, y siguen pasando los días, semanas y meses, con los brazos cruzados, olvidando que es un tema fundamental para tratar que el SIDH no nos siga agarrando de tontos.

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