Sin novedad en el frente
Los interrogatorios del Brasil no aportan novedades. Todo ya fue denunciado, desde 2016, por IDL-Reporteros. Por entonces el periodista Gustavo Gorriti escribió: “hay que exigir una investigación a fondo y rápida (no debería en ningún caso prolongarse más allá de 2017 y, si está bien llevada, pudiera terminarse en los primeros nueve o diez meses de este año)”. Gorriti difundió en el portal de IDL y la revista Caretas, básicamente, la mismo que hoy el equipo de la fiscalía ‘recoge’ de distintos exfuncionarios de Odebrecht.
Previamente a la ‘Comisión Lava Jato’ presidida por la doctora Rosa Bartra, existió una comisión que emitió un acucioso informe, firmado en minoría, por el ingeniero Juan Pari Choquecota, entonces congresista humalista del pasado Congreso. En 2016 La República transcribió un párrafo de ese informe sobre la existencia de “indicios de que operó en el Perú un esquema financiero empresarial de transferencias de dinero […] asociado al pago de coimas a cambio de prebendas [para] empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado”. El llamado ‘Informe Pari” sirvió a Gorriti para ahondar su investigación sobre la organización criminal llamada Odebrecht, a la cual hoy inexplicablemente admira.
El analista Fernando Rospigliosi cree que el viaje de los fiscales a Brasil intenta “justificar la firma de un acuerdo que varios críticos consideran lesivo para el país y excesivamente generoso con la empresa”. En El Comercio, Rospigliosi indica que ya se conocía que las consorciadas (las mayores constructoras peruanas) pagaron 30 % de las coimas a funcionarios públicos; que Alan García dictó una Conferencia en Sao Paulo; que el ex gobernador del Callao, Félix Moreno, fue coimeado, y que a Horacio Cánepa lo sobornaron para que favoreciera en los arbitrajes a Odebrecht. “La única novedad – escribe Rospigliosi– es que la coima por la Interoceánica Sur habría sido de US$ 45 millones y no US$ 20 millones”.
Los fiscales Vela Barba y Pérez regresan con las manos vacías, pero el teatro mediático ha trivializado las vinculaciones del presidente Vizcarra con el llamado “club de la construcción”; y cierta prensa ha subido los decibeles para que el ruido distraiga a la opinión pública sobre el “Acuerdo de Colaboración” que permitirá a los maleantes brasileños y sus pares locales seguir contratando con el Estado, pagar una reparación civil irrisoria (en cuotas, durante quince años) y mantener a salvo de incautaciones sus obras y propiedades en nuestro saqueado país. Un asco.
