Sistema judicial: solo diagnósticos
Con bombos y platillos, además de innumerables reflectores, la presidenta de la República se reunió con los otros siete integrantes del “Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia”, siendo acompañada por alguno que otro miembro de su gabinete ministerial. Expresó lo que es verdad de Perogrullo, esto es que el Sistema Judicial está en crisis y que se requiere su reforma, quizás todo ello influenciado en los dimes y diretes, como también acusaciones mutuas entre las instituciones integrantes del Sistema y sus representantes.
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia fue creado por la Ley 30942 en mayo de2019 y dos años después, por el D.S. N° 012-2021-JUS se publicó la Política de Reforma del Sistema de Justicia, con 361 páginas de diagnóstico pero en la práctica carente de propuestas, con lo cual cerca de cinco años de la creación de tal Consejo, seguimos igual, pero con el agravante que van surgiendo proposiciones para la reforma, pero parciales, sin óptica armónica y uniforme, por lo que lamentablemente seguiremos igual, esto es con un Sistema con el que nadie está contento ni menos satisfecho.
Con el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, está sucediendo lo mismo que con otros intentos de reforma, esto es nada de nada. En efecto lo más valioso que se ha hecho hasta la actualidad, es lo del CERIAJUS creado en el 2003 por la Ley 28083 y que entregó su tarea al año siguiente, hace ya veinte años. En el 2016 tuvimos el Acuerdo Nacional por la Justicia y en el 2017 INTERJUSTICIA, a lo que se agregó una Comisión de Reforma del Sistema de Justicia creada por la R.S. N° 142-2018-PCM.
Mientras estemos dedicados a diagnósticos, pero sin propuestas concretas que incluyan los proyectos de dispositivos legales, pues seguiremos predicando en el desierto y no se arribará a buen puerto. Necesitamos una propuesta integral, que empiece por la modificación de algunos artículos de la Constitución sobre la materia, aunados a loa proyectos de nuevas leyes orgánicas para el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Procuraduría General, Junta Nacional de Justicia, Academia de la Magistratura, Policía Nacional, así como también el Instituto Nacional Penitenciario, que se supone que es donde se reeduca y resocializa a quien delinque.
Nada de lo señalado se ha hecho, y lo que es peor no se ha tomado en cuenta la necesidad de formación de los magistrados de todos los niveles e instituciones públicas, incluyendo por cierto a jueces y fiscales, en todo lo cual tienen mucho que decir las Facultades de Derecho de nuestras Universidades. Tampoco se ha advertido que en la práctica se han aumentado las instancias para ciertos casos que llegan al Tribunal Constitucional y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que también debería ser materia de evaluación para realizar las reformas requeridas y que los justiciables y sus abogados puedan siquiera, tener éxito en el acertijo de la duración de los procesos en que son parte.
Pero hay algo adicional, y también sustancial, que deben ser incorporados a los estudios para preparar las reformas, los colegios de abogados, así como a los justiciables, que siendo los más afectados por el Sistema que funciona mal, no se les ha tomado en cuenta. Esa omisión es urgente que se subsane.
Como vemos hasta ahora mucha evaluación, verificación situacional, pero propuestas atendibles: cero balas, cero puntos.
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