Tiranía judicial

El fiscal José Domingo Pérez nunca pidió la incautación aunque sea un botón de José Graña M.Q., el grandísimo socio de Odebrecht y sus robos; inclusive desistió de pedir prisión preventiva y no solicitó orden de arraigo. Nada de nada. El supuesto gran guerrero anticorrupción del caso ‘Lava Jato’ no tocó al delincuente confeso, pese al desvalijamiento y lavado de activos en perjuicio del Estado.
Distinto actúa con el esposo de la candidata Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, para quien pide veinte años de prisión y ayer logró que un juez ordene la incautación de un par de áridos predios en La Chutana. El fiscal Pérez no busca justicia, sino destruir a la candidata Fujimori y a su familia. Igual que el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, no busca la verdad electoral sino proclamar a Pedro Castillo tan cercano a Sendero Luminoso, al narco castro-chavismo y cuya campaña habría sido financiada con dinero público vía ‘Los dinámicos del centro’. Esta tiranía judicial persigue y amenaza a quienes impiden la instauración del narco castro chavismo en el Perú. Como le ha ocurrido al Dr. Luis Arce, quien declinó a ser parte del evidente fraude del JNE. Ya tiene orden de arraigo.
Mario Vargas Llosa sostiene que en la segunda vuelta, el gobierno de Sagasti interfirió apoyando a Pedro Castillo y que “se trata de una lucha entre la libertad democrática y el totalitarismo, el marxismo leninismo encarnado en Venezuela donde el señor Cerrón (dueño del partido Perú Libre) ha estado muchas veces y desde dónde tengo la impresión, pero no podría probarlo, que se dirigió la elección peruana”.
Mientras tanto, la candidata Keiko Fujimori es perseguida. En la imaginación del fiscal Pérez, el ‘sobrante’ de la campaña de 2016, fue usado por los esposos Villanella-Fujimori para incrementar su patrimonio. En el supuesto negado que así fuese, ¿si al dueño del dinero no le interesó el ‘vuelto’, por qué le atañe al fiscal? Además, cualquier transacción realizada con tal dinero privado necesariamente fue legal, habría ingresado al sistema financiero y pagado impuestos. La obsesión del fiscal con Keiko es patológica y pide…¡treinta años de cárcel para ella!, por el ‘pitufeo’ de fondos en su campaña de 2011, algo que no era delito. Esta tiranía jurídica requiere de operadores como Pérez, parecidos a los bomberos de la novela ‘Fahrenheit 451’, de Ray Bradbury, que no usaban mangueras para sofocar incendios, sino lanzallamas para quemar todo escrito promotor de cualquier tipo de pensamiento crítico; aunque no parece que Pérez cambiará para bien como los hizo el bombero protagonista de la novela distópica.
El Ministerio Público y el Poder Judicial, como esos bomberos, no imparten justicia sino asesinan leyes; no persiguen la verdad sino a los ciudadanos, políticos y periodistas incómodos al proyecto totalitario que pretende implantarse en nuestro país. ¿Quién derrocará a los jueces y fiscales tiranos? ¿Por qué gobierna el Poder Judicial?

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