Toma y daca
El viernes, el presidente Vizcarra anunció la ampliación de las medidas de restricción social, la cuarentena y el estado de emergencia hasta el 24 de mayo. Serán más de dos meses en los que, persiguiendo un bien mayor, los peruanos habremos sacrificado libertades y posibilidades. Tendremos, además, que lidiar con las consecuencias de una recesión económica que ya ensombrece el futuro cercano. Dijo el Presidente que si las medidas tomadas hasta el momento -que a todas luces no han funcionado como muchos esperaron- no se hubieran tomado, las consecuencias habrían sido peores. Eso es mera adivinación: lo cierto es que nadie sabe qué podría haber sucedido. Sin embargo, considero que el señor Vizcarra hizo lo que pudo, con las herramientas que disponía cuando la pandemia cobró fuerza. Se nos ha pedido mucho y lo hemos dado.
Este no es, ni de cerca, un reclamo. Es -más bien- una constatación fáctica. Si el costo de salvar vidas es incurrir en los sacrificios que sean necesarios, el costo debe ser asumido; no obstante, la nuestra es una República y vivimos en una sociedad con vocación -temo que muchas veces semántica- por la democracia. Así, hay una serie cosas que el gobierno tiene que darle a los ciudadanos a cambio de este recorte de libertades. No por buenas prácticas ni por una estrategia de comunicación, sino por una obligación de tipo casi fiduciario: los peruanos hemos renunciado a libertades y conferido tremendos poderes al gobierno. Bajo este breve “pacto social”, hay una serie de expectativas que estamos en absoluto derecho de ver satisfechas. Como señaló Carlos Hamann recientemente en un texto, solo bajo ciertas formas se puede cortar libertades.
La idea central de Hamann tenía origen en un discurso dado por la Canciller alemana, Ángela Merkel, el 6 de marzo. En sus palabras, la líder germana dejaba claro que el Estado que dirige restringiría libertades y reclamaría sacrificios de su pueblo, pero que -a cambio de estas disminuciones y reconociendo la condición de sociedad abierta en la que se vive en su país- era necesario que la información y la más absoluta transparencia sean la moneda de cambio. Pienso que es imperativo: si vamos a pasar 70 días encerrados para evitar la propagación de un virus y proteger así nuestras vidas y las de nuestros compatriotas, no es posible que -además- vivamos en una bruma de imprecisiones, sombras y faltas evidentes de luz sobre más de una materia. Nos han exigido sacrificios; nosotros exigimos transparencia e información clara.
¿Cómo es posible que nadie haya explicado la lógica detrás del proceso de reactivación económica? ¿Por qué el ministro de salud asumió pública y serenamente que podría haber más muertes que las que las cifras recogen y nadie se rasgó las vestiduras? ¿Cómo se elige qué preguntas contesta el Presidente? ¿Tiene acceso a estas preguntas con antelación? ¿Por qué la prensa no puede interrogar libremente al primer funcionario de la nación? ¿Por qué se ha recortado el derecho a réplica del periodismo independiente (por poquísimo que quede, queda)? ¿Qué pasó con el ex ministro del Interior? ¿Por qué el antiguo director de la Policía nacional duró menos de 10 días y a qué se debió su relevo? ¿Por qué fue ascendido a teniente general un oficial de una promoción menor a la que le tocaba ascender? Nadie ha dicho algo al respecto.
Sabemos ahora que la información que el ingeniero Vizcarra da a conocer con respecto a las cifras de la pandemia está procesada desde la medianoche anterior. ¿Comprenderá el Presidente que ya nos tiene en altas pindingas con el encierro, la preocupación, el desabastecimiento y la angustia? Me lo pregunto porque todos los peruanos esperamos diariamente esta información y quedamos condenados un sistema de mecedora cotidiana: el ingeniero habla cuando quiere, desde donde quiere, a la hora que quiere y dice lo que quiere. Algunas veces nos somete a elípticas -redundantes es poco- conferencias y otras veces solo manda a que el Ministerio de Salud coloque un tuit en su cuenta oficial. Y vaya usted a estar pendiente de la voluntad del ingeniero presidente. ¿Tanto le costaría hacernos la vida un poco más fácil con algo tan elemental como esto?
¿En qué han quedado las copiosas denuncias por corrupción en más de uno de los extremos del Estado? ¿Por qué el ingeniero ministro Zevallos -no me digan que es abogado, por temor a Dios- no ha ido al congreso a pedir la investidura que a su gabinete le daría el voto de confianza? Como explicó Enrique Ghersi, todos los actos jurídicos del Presidente deben estar refrendados por un ministro para ser válidos. Pero los ministros no pueden actuar jurídicamente si el Congreso no les otorga la confianza. ¿Quién responderá por todos los actos jurídicos del Poder Ejecutivo cuando la democracia vuelva? Esto, en el caso de que algún despistado no se haya dado cuenta de que no estamos precisamente en la Atenas de Pericles. Nos han despojado de los derechos que nos hacen libres y -por tanto humanos-. Lo entendemos. Pero, a ver si a cambio responden.
