Tres temas para continuar el rescate institucional en Perú
Ha sido un triunfo para la democracia la elección de los 6 magistrados en el Tribunal Constitucional hace algunas semanas. Lamentable el papel de Eloy Espinosa-Saldaña y de Ledesma de, luego haber estado de manera irregular más de 3 años extra cómo en el pleno del TC, salir a declarar airadamente contra la juramentación del nuevo pleno en un espectáculo penoso. Más aún en el caso de Eloy sancionado benevolentemente con una suspensión por plagio por la PUCP hace pocos días. El nuevo pleno del TC está dando buenas señales de trabajo. Es un elemento de esperanza su elección.
Sin embargo el desastre institucional que se incubó en el país hace muchos años y que fue llevado a su cúspide por Vizcarra con el golpe de Estado del 30 de septiembre de 2019 es muy grande y la tarea es titánica aún. Por poner tres cuestiones claves: el establecimiento claro de un límite a la invasión del Poder Judicial en las decisiones del Parlamento vía amparos; en segundo lugar la revisión de la Junta Nacional de Justicia y en tercer lugar recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Un juez acaba de detener la elección del Defensor del Pueblo por el Parlamento, en el intento fallido del Congreso anterior por elegir a los miembros del TC una juez súper numeraria detuvo también este proceso, Castillo ha intentado detener su investigación en el Parlamento por sus declaraciones sobre el mar y Bolivia a través de un hábeas corpus en un juzgado. Esto debe cesar. Propongo que el Congreso además de rechazar estas arbitrariedades -y continúe en el ejercicio de sus atribuciones- plantee demandas competenciales al TC sobre estos puntos para cerrar la puerta a los excesos de aquellos que parecen buscar “el gobierno de los jueces”.
El diseño de la JNJ y su propia existencia debe ser abordado con energía por el Congreso. Es inaudito que en la instalación y elección de miembros de la JNJ hayan intervenido las cabezas del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuando precisamente la JNJ va a ver las ratificaciones de sus magistrados y fiscales. Desde su origen por tanto se encuentra en cuestión. Debe reformarse y reconfigurarse. Un punto interesante para evaluar su parcialización ha sido la destitución de Tomás Gálvez que ahora en doble votación el Parlamento ha definido que no hay elementos para un proceso judicial en su contra. La Junta lo apartó por las razones que el Congreso hoy rechaza. Esperemos que Gálvez plantee alguna acción contra la arbitrariedad que cometió la Junta.
Ir a una contienda electoral con Salas Arenas como máxima cabeza del Jurado Nacional de Elecciones es un despropósito. No va a tener la dignidad de renunciar, por tanto el Parlamento debe removerlo y debe cambiar la arquitectura institucional que define la composición del JNE, en cuanto a que lo integran un magistrado supremo del Poder Judicial y un fiscal supremo del Ministerio Público. A estas alturas ello ya se debe modificar. Hay que terminar con esa puerta giratoria institucional.
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