¿Y la reforma del Estado, para cuándo?
El conflicto de Las Bambas tiene varias entradas para el análisis que debieran, de una vez por todas con liderazgo y decisión política, encauzar la problemática hacia soluciones sostenibles. Una de ellas es la histórica ineficiencia del Estado como instrumento de desarrollo integral, regional y descentralizado con enfoque ciudadano.
El Perú tiene –en pleno siglo XXI– un sistema de gestión política, administrativa y económica que vegeta sobre la base de una organización arcaica heredada del siglo XIX con parches “reformistas” escritos en tinta y pegados con babas, que hacen imposible, por ejemplo, que la millonaria inversión minera de los últimos 30 años enfocada en las zonas altoandinas no se haya traducido en la mejora sustantiva del bienestar de TODA la población en el ámbito departamental.
El último “parche reformista” fue el cambio nominal de los departamentos a “regiones”, la creación de una burocracia que replicó el organigrama del poder centralista, y la atomización agravada de las parcelas del poder político alentada desde el Congreso de la República con la creación de más distritos y provincias, que lo único que han generado han sido nidos de corrupción para beneplácito de las bandas organizadas, “hermanitos”, y “cuellos blancos”.
Así, con un Estado vetusto y fraccionado, cualquier megainversión minera, forestal, petrolera o gasífera, tendrá un efecto limitado, aislado y acotado a sus “zonas de influencia”, generando desigualdad, discordia y conflictos con las comunidades “no beneficiadas”, producto del trato directo con el privado y castigadas por el olvido y desprecio de un Estado centralista.
Sin embargo, conocedores de esta realidad, ¿alguien de nuestra clase política, o del Congreso o del Poder Ejecutivo, viene –al menos– trabajando propuestas racionales para revertir esta situación de postración de un Estado que no sirve para maximizar los beneficios de la inversión pública y privada en el desarrollo integral de nuestros departamentos y regiones?
Hoy la “moda” es hablar de la reforma judicial y la reforma política, obligados por la asfixiante corrupción que campea por todos lados, pero ¿y la reforma del Estado, para cuándo? Si tuviéramos una estructura eficiente de Estado, desconcentrada y descentralizada, tendríamos planes de desarrollo integral por regiones y macro regiones, que visibilicen las brechas tanto en infraestructura (gris y verde) como en gestión del capital humano.
Visibilizar esa problemática por cada localidad en un departamento obligaría al Estado a través de los gobiernos regionales y locales a priorizar los recursos provenientes de la inversión privada o pública en proyectos integrales que contribuyan directamente al cierre de esas brechas, lo que impactaría directamente en una mejora sustancial de la calidad de vida de todos sus habitantes. Los planes nacionales de infraestructura y de competitividad ayudarán, pero no serán suficientes sin una reforma sustantiva del Estado.
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