Inicialmente la empresa estatal sería empoderada por la administración de Dina Boluarte y se le adjudicaría los tres lotes I, VI y Z-69, sin embargo, el panorama cambió.
Contraloría advierte que se podría afectar la continuidad de la producción de hidrocarburos y habría menor transferencia de canon y sobrecanon a gobiernos regionales y locales.