Militares y policías que derrotaron al terrorismo no pueden ser perseguidos de por vida. El actual Tribunal Constitucional ya puso fin a la controversia de la irretroactividad, pero el Poder Judicial no aplica las leyes.
El Legislativo está en la obligación de fundamentar sus decisiones sobre la falsa “renuncia” del agraviado para ocupar un asiento en el Tribunal Constitucional.
