César Gutierrez Peña

La maratón mediática del presidente de Petroperú (PP), Carlos Paredes, muestra que los operadores son pródigos con su cliente en la exhibición en medios, pero indigentes intelectualmente en consejería. El discurso tiene como signo distintivo la fijación contra los sindicatos que existen en la empresa, a quienes les critica el no relevo de dirigentes.

Luego de la vergonzosa cifra de crecimiento del PBI de abril pasado, que fue de tan solo de 0.02% respecto al mes de abril del año anterior, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, ha salido a dar declaraciones a la prensa económica anunciando que incentivará políticas sectoriales en los próximos meses, y ha resaltado el sector forestal.

Las expectativas de transparencia en las cuentas y la gestión de Petroperu (PP) que generaron el ingreso de Carlos Paredes a la presidencia se han esfumado al cabo de un mes de su permanencia en el cargo.

Cuando un profesional interviene en un gabinete ministerial está haciendo política, toma decisiones sobre ella en los consejos de ministros. Cuando los temas no son de su especialidad, lo hace con un conocimiento muy elemental, apela al sentido común y hace suya la sustentación del promotor de una norma o una propuesta legislativa.

Sistemáticamente, el gobierno de Martín Vizcarra, con sus afirmaciones a los medios de comunicación, está allanando el camino para que la opinión pública asuma como hecho natural que el Estado haga pago del valor contable neto de los bienes del Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), cuyo valor es del orden de 2,000 millones de dólares (MMUS$), según versión de parte.

Ha retornado a la prensa económica la disputa de dos grupos de empresas generadoras de electricidad, donde uno de ellos muestra su preocupación por el impacto tarifario sobre el consumidor final y exige modificaciones normativas al Osinergmin y legislativas al Congreso. No se dice cuál sería la cuantía del beneficio si se aprueban sus inquietudes. Afirmo que será del orden del 0.8%.

El Proyecto de Modernización de Refinería Talara ha llegado a un estadio de alta complicación.

El novísimo presidente del directorio de Petróleos del Perú SA, Carlos Paredes Lanatta, ha ofrecido transparencia en la gestión, promesa indispensable de cumplir al más breve plazo, pues le corresponde trazar una línea divisoria entre el antes y el  después.

El caso Lava Jato tiene múltiples aristas, una de ellas es la terminación del contrato del proyecto “Mejoramiento de la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, conocido en el sector como Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Usual es en la prensa internacional designar fechas aciagas para la historia, con el día y la primera letra del mes en que ocurrió el hecho. Así tenemos el 11S para recordar el atentado de las Torres Gemelas, en Nueva York el 11 de Septiembre del 2001, o el 11M para identificar el atentado a la Estación de Atocha en Madrid el 11 de Marzo del 2004.

El anuncio del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, de que se iniciarán las obras de la prolongación de la Vía Expresa hasta el cruce con la carretera Panamericana Sur bajo el contrato del llamado Proyecto Vía Expresa Sur (PVES), a cargo de la cuestionada contratista Graña y Montero (G&M), ha generado airadas protestas que ven en esta decisión un acto de favoritismo a una empresa involucrada en el

Ninguna importancia le han dado la prensa y los “opinólogos” locales a una referencia, en la edición digital de un medio nacional, a las declaraciones del señor Antonio Llardén Carratalá, presidente de la española Enagás, relacionada a una conversación sostenida en Madrid, en febrero pasado, con el presidente Martín Vizcarra respecto a los reclamos del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP).

Hace poco más de un mes publiqué un informe que alertaba sobre las importaciones de biodiesel (B100), pues la información de Sunat Aduanas (Aduanas), en cuanto a orígenes, era inconsistente con los reportes de los envíos desde Estados Unidos (EEUU).

El reciente conflicto entre la empresa china MMG y las comunidades de Fuerabamba y Challhuahuacho en la región Cusco ha llamado la atención de la prensa capitalina a raíz de las quejas por la imposibilidad de transportar el mineral extraído de Las Bambas a la costa sur para su exportación, con el consiguiente impacto en los ingresos de la minera.

El conflicto del transporte del mineral extraído de Las Bambas, hoy centrado en el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas de la región Cusco, por enésima vez pone de relieve la inoperancia del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

Cuatro ministros en la cartera de Energía y Minas en dos años y siete meses de gobierno es más que elocuente del desmanejo en que se encuentra sumida esta importante área de la economía, intensiva en uso de capital y gran aportante del PBI.

El gobierno ha reconocido que, de hacerse todos los actos administrativos a tiempo, el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SITGAS), antes conocido como Gasoducto Sur Peruano (GSP), tendría su puesta en operación comercial en el segundo semestre del 2025, hecho que pronostiqué públicamente el año pasado.

Las importaciones de biodiesel en el Perú han generado dudas desde hace 10 años,  sobre todo las realizadas por Petroperú, donde la gestión en círculo cerrado es ya una costumbre, ante la pasividad inexplicable de la Contraloría General de la República (CGR).