Hugo Guerra

Los demócratas debemos celebrar la victoria política que representa la promulgación, por insistencia, de la Ley 32107, promovida por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto. Esta norma establece que “Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002”.

La agresión contra la congresista Patricia Chirinos no fue una simple travesura de mal gusto. Si el vaso de vidrio que le lanzaron en La Noche le hubiera caído en la cara, podría haber provocado una tragedia.

El Mensaje a la nación ha sido abusivo, aburrido, insubstancial y sin autocrítica. Las cinco horas que ha durado tuvieron el estilo retórico de Fidel Castro e implicaron una tortura para congresistas, ministros y ciudadanos en general. Tanto que muchos terminaron dormidos o yéndose del hemiciclo.

En medio de la mediocridad del gobierno de Dina Boluarte, complace que las relaciones exteriores del Perú estén recuperando rumbo y retomando liderazgo internacional gracias a la ponderación del Canciller Javier González-Olaechea Franco y el profesionalismo de Torre Tagle.

El fujimorismo ha movido sus fichas con mucha anticipación: Alberto postulará a la presidencia en 2026, y Keiko irá probablemente al Senado.

Con esto las candidaturas –que pueden llegar al disparate de 40– en gran medida se polarizarán en torno al viejo león de la década del 90, reabriendo las heridas del período subversivo y la derrota militar del comunismo.

Seamos realistas. Lograr una candidatura única en torno a un líder de centroderecha para las elecciones del 2026 es imposible. Pero sí es factible todavía construir un frente en torno a un programa mínimo de gobierno compartido –al margen de la fórmula que gane la presidencia– que podría incluir los siguientes puntos de convergencia:

El Perú es hoy un paciente terminal que, paradójicamente, se ha sacado la lotería; por lo tanto, si por milagro no se cura, terminará sepultado en medio de una riqueza inútil.

Era de quienes creían que, por respeto a la sucesión constitucional y aunque no nos gustara su gobierno, Dina Boluarte debía continuar hasta julio de 2026.

El gran problema con el comunicado de embajadas extranjeras sobre asuntos institucionales del Perú no es ideológico, sino de principios. Por eso las expresiones de rechazo del Canciller González-Olaechea no son solo mesuradas sino precisas y merecen el mayor respaldo de los ciudadanos patriotas y demócratas.

Pese a la chilla patética de marxistas y caviares en el Congreso de la República hemos ganado ampliamente en la defensa de los militares y policías héroes de la pacificación nacional, al establecer la inconstitucionalidad de la aplicación del delito de lesa humanidad para los casos ocurrido antes del año 2002.

Ha hecho muy bien el Congreso de la República al aprobar, en primera votación, una reforma constitucional mediante la cual se eliminarán los movimientos regionales obligándolos a participar en las elecciones a través de partidos nacionales.

Es hora que los demócratas nos rebelemos contra la mafia que ha tomado control del sistema judicial para someternos, sojuzgarnos y amenazarnos permanentemente manipulando a la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y diversos juzgados de la república.

La guerra política interna tiene que ser frenada en seco. No puede ser posible que las intemperancias ideológicas y partidarias pongan en grave riesgo la ya precaria estabilidad interna en un año clave como el de la cumbre de APEC.

En medio de la degradación moral en la que ha caído la política peruana resulta una gran noticia la inscripción final del Partido Popular Cristiano (PPC) y su regreso oficial a la competencia electoral de cara al 2026.

Hay momentos en la historia de una nación en los cuales es menester deponer las banderías para saludar a organizaciones democráticas perseverantes como el APRA, que cumple esta semana sus primeros cien años.

Cinco años después de su fatídica partida y al celebrarse el centenario del APRA, el país exige conocer cómo fue el cerco mortal contra el presidente Alan García para castigar con rigor a los miserables que lo llevaron al suicidio.

Israel ha dado al mundo una lección de diplomacia y estrategia militar de tal magnitud que el Perú debe saludar y apoyar ampliamente.

Soy firme partidario de que se le dé una tregua a Dina Boluarte para que la justicia dilucide todas las acusaciones subalternas, como el caso de los Rolex, al término de su mandato, a partir del 29 de julio de 2026, para que hoy se disipen las retorcidas amenazas de vacancia y se permita que el régimen gobierne realmente en temas urgentes.