Martha Meier M.Q.

Es desolador que cada verano las torrenciales y anunciadas lluvias perjudiquen a la población más pobre y que los instrumentos necesarios para atender la urgencia no estén disponibles en sus localidades.

El acta de traición a la patria llamada ‘acuerdo con Odebrecht’ se firmó ayer en el Consulado General del Perú en Sao Paulo, así nuestro país se arrodilló ante la megacorrupción que lo saqueó y que infiltró su indecente manera de hacer negocios en amplios sectores privados y políticos. Esto a cambio de obtener supuesta “información relevante”.

La anemia se dispara, pero Vizcarra gasta millones en remodelar la cocina palaciega. Odebrecht saqueó al Perú y con la venia presidencial seguirá contratando con el Estado pese a enjuiciar al Perú por cuatro mil millones de dólares, pero Vizcarra dice “queremos ser reconocidos como el gobierno que más luchó contra la corrupción”.

En casa de un toledista se encontró más de siete toneladas de cocaína. Ocurrió en 2014 en el balneario trujillano de Huanchaco, el propietario del predio era el congresista José León Rivera, por entonces vocero de la bancada de Perú Posible, el partido del hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo.

Los comunistas apoltronados en el Congreso demostraron su desprecio por la democracia al no aplaudir a Carlos Scull, representante diplomático del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. El jueves, Scull visitó el Palacio Legislativo ubicándose en la galería y su presencia fue aclamada por las diferentes bancadas, de pie.

El Poder Judicial es un pantano de corrupción y una de las instituciones menos confiables del país. Por eso llama la atención cuando cierta prensa publica coordinadamente que la “Cuarta Sala Penal absolvió al empresario Pascual Cusilayme del asalto y asesinato ocurrido en la notaría Paino, en Surquillo”, en 2013. Santa palabra.

La militancia a favor de la impunidad está conformada por periodistas, políticos y abogados defensores del acuerdo con Odebrecht; un pacto perjudicial para nuestro país y beneficioso solo para los cuatreros brasileños, sus asociados y los gobernantes y autoridades que se enriquecieron con coimas y sobrecostos de más de cinco mil millones de dólares.

Mientras Vizcarra ensaya poses frente al espejo, su gobierno propicia la devastación de la Amazonía y facilita el funcionamiento del corrupto “club de la madera”. Una nota publicada el último diciembre en The New York Times informa que Donald Trump anda con una ceja levantada debido a las limitaciones impuestas por el vizcarrismo al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales, Osinfor.

El desborde excremental de San Juan de Lurigancho es excusa para privatizar Sedapal. Los lobistas mediáticos salivan ante la posibilidad de lograr que sus patrones rapiñen ese último botín.

Vizcarra mintió al negar la relación contractual de su empresa con Odebrecht vía Conirsa, (Consorcio Irsa Sur) donde la brasilera controlaba el 70 %.  Trató de tapar esa mentira con otra y aseguró que desconocía que Odebrecht integraba Conirsa (o sea su compañía familiar, ‘C. y M. Vizcarra’, hizo negocios con desconocidos).

Dentro de pocos días se concretará una traición a la patria llamada “Acuerdo con Odebrecht”, una vergonzosa claudicación del Estado peruano ante un enemigo extranjero, encarnado en el cartel constructor del Brasil donde resalta la poderosa Odebrecht, “que pone y saca presidentes”, y ahora parece que también fiscales.

Aires de libertad soplan sobre Venezuela. Ayer el joven ingeniero Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional se rebeló ante la tramposa reelección del tirano Nicolás Maduro y dijo “La Constitución me da la legitimidad para ejercer la encargaduría de la Presidencia de la República para convocar elecciones”.

El único ‘acuerdo’ decente con Odebrecht es exigir la devolución de los billones que robaron, congelar sus obras y prohibirle contratar con el Estado al que saqueó sin ruborizarse. Pactar otra cosa es inmundo y la constatación de que la plata sucia sigue fluyendo por debajo de la mesa.

Vizcarra muestra nuevamente su talante dictatorial al exigir al Congreso aprobar un proyecto de ley que declara en “emergencia” al Ministerio Público; pretende lo vea  el pleno sin pasar por las comisiones respectivas, y extorsiona a los congresistas diciéndoles que hará uso de la ‘cuestión de confianza’ si su encargo no pasa, o sea  disolverá el Legislativo si no se sale con la suya.