Doce de cada 100 empresas cierran por extorsiones: Gremios alertan que delincuencia espanta a inversiones
La ola de inseguridad y extorsiones está golpeando con fuerza al sector empresarial peruano. En los últimos meses, comercios han cerrado por cobros de cupos. Gremios advierten que la falta de liderazgo y recursos del Estado están paralizando la inversión.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales factores que están llevando al cierre de negocios en el país. En ese sentido, Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú, sostuvo que entre el 10 % y 12 % de los comercios formales, principalmente bodegas, bazares y boticas, han cerrado sus puertas por efecto directo de la delincuencia y la extorsión.
“Hace tres años, apenas dos de cada cien empresas decidían cerrar por temor a la inseguridad. Hoy hablamos de entre diez y doce por cada cien, lo que muestra un incremento alarmante”, señaló Hermoza.
Según explicó, el fenómeno afecta con mayor intensidad a los negocios puerta a calle ubicados en distritos urbano-marginales de Lima, como San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Villa El Salvador, donde los comerciantes enfrentan asaltos, cobros extorsivos y amenazas constantes. “Hay empresarios que denuncian y, aun así, siguen siendo extorsionados. Cuando ya reciben amenazas contra su familia, optan por cerrar el negocio y huir del distrito”, afirmó.
El dirigente recordó que solo en el primer trimestre de este año, más de 240 mil empresas se dieron de baja ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Si bien no todas corresponden a cierres definitivos, ya que algunos emprendedores se reconvierten o se trasladan a otras zonas, el peso de la inseguridad sobre el tejido empresarial formal es cada vez más visible.
Riesgo en el consumo
Hermoza advirtió que la delincuencia no solo afecta a los empresarios, sino también al consumo. “La gente tiene miedo de salir a comprar o comer fuera de casa. Eso ha hecho que los pedidos por delivery vuelvan a crecer, pero al mismo tiempo reduce las ventas por impulso que se dan durante la visita a las bodegas; estas también ayudan a sostener los ingresos diarios, sobre todo en bodegas y restaurantes”, explicó.
Falta de recursos
A la crisis generada por la inseguridad ciudadana se suma la falta de respaldo presupuestal del Estado al sector de la micro y pequeña empresa. Según Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas del Perú, el Ministerio de la Producción (Produce) contará con un presupuesto de apenas S/ 750 millones el próximo año, pese a que el país registra más de 3,2 millones de MYPES formales y otros millones más que se encuentran en la informalidad. “Somos el 0,1 % del presupuesto nacional. ¿Con ese monto quieren atender a millones de emprendedores, cuando hay sectores que superan los S/ 7 mil millones o S/ 14 mil millones?”, cuestionó.
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El representante gremial subrayó la necesidad de replantear la política productiva y de incrementar el presupuesto del sector al menos al 3 % del gasto público, con un enfoque que priorice la formalización, la seguridad y el acceso al financiamiento.
Cierre de bodegas
Por su parte, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), señaló que al menos 1.030 bodegas a nivel nacional han cerrado sus puertas debido a las extorsiones, amenazas y cobros de cupos en lo que va del año. “Nosotros fuimos los primeros en ser extorsionados. Lamentablemente, no se ha hecho nada y ahora el problema se ha extendido a otros sectores, como el transporte”, indicó.
El dirigente explicó que las modalidades de extorsión han evolucionado, ya que antes los delincuentes exigían grandes sumas de dinero imposibles de pagar, lo que llevó a muchos comerciantes a cerrar definitivamente; ahora predomina el cobro de cupos semanales o mensuales, lo que permite a los extorsionadores mantener el control de los negocios sin cerrarlos, pero afectando sus márgenes de ganancia. “Hay bodegas que pagan a dos bandas distintas. Otras han tenido que reforzar sus locales con planchas de acero o cámaras de seguridad. Todo eso genera gastos y descapitaliza el negocio”, enfatizó.
Empresas asfixiadas
Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De la Tore, advirtió que la creciente ola de violencia y extorsiones está asfixiando a las empresas y paralizando nuevas inversiones, por lo que urgió al Gobierno a cambiar de rumbo y asumir un liderazgo firme en la lucha contra la criminalidad.
“El Gobierno tiene que entender que no vamos a poder hablar de crecimiento ni de desarrollo económico sostenible si cada día nos amenazan con quemar el negocio o con matarnos. El empresario ahora no solo arriesga su capital, está arriesgando su vida. Eso es lo indignante y lo que tiene a todo el mundo harto”, enfatizó.
De la Tore señaló que la situación de la delincuencia ha llegado a un punto límite y que la violencia afecta a todos los sectores, desde transportistas hasta comerciantes minoristas. “Están matando casi todos los días a transportistas, choferes y cobradores. Bodegas, farmacias, ferreterías, panaderías e incluso comedores populares están siendo víctimas de extorsión. No podemos seguir trabajando con miedo”, denunció.
Pérdidas
El último paro de transportistas generó pérdidas por unos 100 millones de soles en tres sectores, manufactura, construcción y transporte, según cifras brindadas en la víspera por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Inversiones se retraen
El titular de la CCL indicó que, según los cálculos del propio MEF, la inseguridad ciudadana le cuesta al país alrededor del 1,7% del PBI, es decir cerca de 20 mil millones de soles anuales. “El año pasado, el BCR estimó un costo de 2,2 % del PBI. Más allá de esa cifra, el impacto real es que las inversiones se retraen. Los pequeños y medianos negocios están cerrando todos los días, y el inversionista extranjero termina optando por otro destino más seguro”, alertó.
Cifras reales
240 mil empresas se dieron de baja ante la SUNAT durante el primer trimestre del año.
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